Esto opinoOpinión

Los escandalosos vencimientos de términos

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

Las libertades otorgadas por vencimiento de términos en los procesos penales que tienen cierta relevancia -sobre todo mediática, ya que todas las causas penales son importantes – causan una genuina y natural molestia en la ciudadanía ávida de justicia, entendida como cárcel para los implicados.

Lo habitual en estos casos es satanizar la loable labor de los jueces e insinuar que la libertad obtenida fue fruto de maniobras poco ortodoxas, plagadas de corrupción y componendas malsanas y que “por eso estamos como estamos”.

Sin pretender negar lo innegable, es decir, que este escenario judicial está tristemente permeado por algunos malos hábitos, las verdaderas razones por las cuales los jueces de control de garantías muchas, muchísimas veces, deben ordenar la libertad inmediata de los encartados, provienen de otras realidades.

De un lado tenemos el afán de protagonismo del fiscal general de la Nación -no de los fiscales delegados – quien, mediante operativos espectaculares, tipo shows, logra que se impongan medidas de aseguramiento en casos sólidos desde lo publicitario, pero que a la postre evidencian su fragilidad jurídica, donde se requieren pruebas y evidencias más que titulares y notas de prensa.

Otra causa potísima deviene de la débil capacidad instalada con que cuenta la institución para la persecución criminal. Los fiscales delegados tienen buenas intenciones y líneas claras de investigación, imparten las órdenes de policía judicial que se necesitan de manera oportuna, pero no cuentan con la infraestructura necesaria para dar los positivos en el tiempo esperado; no tienen la capacidad de respuesta que la norma les exige. Desafortunadamente esta situación no tiene la misma atención de la musculosa oficina de prensa de la Fiscalía General.

De esta suerte se tiene que por el implacable paso del tiempo (ver artículo 317 del Código de Procedimiento Penal) y la imposibilidad del titular de la acción penal de obtener los resultados y cumplir con los requisitos legales exigidos, los procesados deben ser restituidos a su condición natural: la de ciudadanos libres y presuntamente inocentes.

Este panorama enseña que los jueces penales con funciones de control de garantías, que son los competentes para decidir sobre las solicitudes de libertad por vencimiento de términos y que, además, son los últimos en conocer los expedientes, porque se los asignan por reparto el mismo día de la audiencia, no tienen otra opción que ceñirse a la Constitución y la Ley y otorgar la libertad.

El fiscal general de la Nación debería ser más pragmático e impartir directrices realizables a sus delegados, con el fin de mitigar el impacto negativo que sus reiteradas ‘salidas en falso’ pueden ocasionar a las finanzas públicas, porque las privaciones injustas de la libertad constituyen un daño que debe ser indemnizado por el Estado, y es de público conocimiento las fuertes condenas que debe pagar la Nación – Rama Judicial – por este concepto.

* Abogado, docente universitario

 

 

Etiquetas
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar