Cartagena

Análisis de expertos a declaración de Dau sobre ‘quiebra’ del Distrito de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, declaró a varios medios de comunicación que en los próximos declarará a Cartagena en quiebra, para lo cual congelará el presupuesto, dejando de  pagar sueldos, honorarios, servicios públicos y otros compromisos. “Tendríamos que congelar el presupuesto del siguiente año nada más para pagar y cubrir. Hay buena posibilidad que Cartagena se acoja a la Ley 550: declararnos en quiebra por el hueco que nos han dejado”, expresó el burgomaestre a Caracol Radio. 

La drástica decisión, argumentó Dau Chamatt, la tomará porque el Distrito, por orden judicial, deberá cubrir unas deudas “productos de embargos, tutelas, desacatos y préstamos bancariosheredados de la anterior Administración. “Cartagena tiene una deuda de dos billones de pesos, igual al total de los ingresos de un año”, argumentó el alcalde en apoyo a su decisión.

En respaldo de las declaraciones de Dau salieron, de inmediato, decenas de cibernautas. Pero, asimismo, en contra de las mismas se mostraron innumerables tuiteros y varios exsecretarios de Hacienda y expertos en finanzas públicas.

Uno de los primeros en mostrarse en desacuerdo con la decisión de Dau fue el exalcalde (d) Pedrito Pereira Caballero, quien señaló que existen otras alternativas para solventar la crisis, varias de las cuales fueron planteadas al Concejo en su momento “pero por distintas circunstancias no fueron aprobadas por este“.

En el 2019, como lo hicimos público en su momento (leer ‘Distrito, bajo sitio jurídico y financiero”: Pedrito Pereira‘), advertimos la agresividad de los embargos que se vinieron” en los últimos meses de ese año y, posteriormente, “dejamos un capítulo en el presupuesto de 2020 de un plan de saneamiento fiscal para que la Administración entrante pudiera cumplir con todos esos compromisos“.

Con dicho plan de saneamiento, aclaró el exalcalde, “el cual está amparado en la Ley 617 2000 de y el Decreto Nacional 192 de 2001, se podría restablecer la solidez económica y financiera del Distrito mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos“.

En diálogo con este portal, Pereira Caballero recalcó que “en vez de pensar en que se pierda la gobernabilidad mediante la declaratoria de la insolvencia económica a través de la Ley 550, lo que debería es poner en marcha ese plan”.

La opinión de los expertos

En principio, para conocer los alcances de la decisión tomada por el alcalde William Dau, consultamos al asesor en trámites de insolvencia empresarial Ramón Betancourt de Arco, quien resaltó que  la Ley 550 de 1.999, en efecto, “permitiría, por medio de un acuerdo, dentro de las condiciones y plazos que se establezcan y con la debida aprobación de los acreedores, atender de manera ordenada todas y cada una de las obligaciones del Distrito“.

Pero además debe saberse“, agregó, “que el competente para conocer de los procesos de reestructuración de pasivos es el Ministerio de Hacienda, el cual verificará la existencia de los supuestos de iniciación del procedimiento y que se soportan en la existencia de obligaciones vencidas en el término que indica la norma, o de haber en contra del ente demandas ejecutivas para el pago de acreencias“.

Por su parte, para el experto en Derecho Público Agustín Leal Jerez, lo primero que debería saber el alcalde Dau es que “la Ley de Quiebra no aplica a las entidades estatales“, ya que “el Estado no quiebra, por la simple razón de que nunca puede dejar de producir los bienes y servicios que genera, y que hacen posible su desarrollo y el de la sociedad“.

Recordó Leal Jerez que “hace más de tres meses“, en una de sus habituales columnas en Revista Metro, “tras hacer un análisis de las finanzas del Distrito concluimos que no veíamos otra salida que el sometimiento del Distrito a un acuerdo de restructuración de pasivos, en los términos establecidos en la Ley 550 del 99″, ya que “la situación fiscal del Distrito es grave y se cumplen los presupuestos que exige la ley para tomar este tipo de medidas. Pero anunciarlo en la forma en que se ha hecho puede generar una desconfianza inversionista en la ciudad, lo que podría resultar más grave que la crisis actual que enfrentamos“.

Similar concepto expresó el exsecretario de Hacienda de Cartagena y Bolívar y exdecano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar Felipe Merlano de la Ossa, quien, tras advertir que “los entes territoriales no se quiebran, no liquidan sus activos ni clausuran sus sedes de gobierno; quienes se quiebran son las empresas y los particulares“, destacó que “hoy subió la tasa de interés para el Distrito, pero es bastante probable que la próxima calificación de riesgos no sea tan buena como la actual“.

Como habría de decir más tarde en la columna ‘¿Quiebra distrital?‘, Merlano de la Ossa conceptuó que “la crisis fiscal y financiera de Cartagena es un cóctel enloquecedor, preparado con ingredientes explosivos, mezclados con una espinosa bar spoon y agitado por un bartender ofuscado por la magnitud y diversidad de los problemas que los aquejan“.

Entretanto, para el consultor de Gobierno Andrés Betancourt González, lo que lo ha sorprendido es que “lo expuesto en el Plan de Desarrollo de la actual Administración no exponía una situación de alerta o emergencia que pudiese merecer esa decisión; y si así estaba debió exponerse desde el principio, en el empalme, o al menos en el Plan de Desarrollo“.

No entiendo para que suscribió el Distrito un convenio con el Gobierno Nacional para su defensa judicial si ya dan por hecho que tendrán que pagar“, señaló Betancourt, para quien, además, “manifestar públicamente que Cartagena se acogería a la Ley de Quiebra, antes de que ello sea seguro, es una gran irresponsabilidad, sobre todo en medio de una pandemia que tiene en jaque la vida y la economía de los cartageneros, ya que la ciudadanía y los inversionistas perderán confianza en la institución“.

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