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¿Quiebra distrital?

El puente del pasado fin de semana fue alborotado por una declaración del alcalde William Dau, quien manifestó que Cartagena de Indias está quebrada. En efecto, el mandatario afirmó que existe un hueco en las finanzas distritales del orden de los dos billones de pesos, lo que lo tiene analizando la conveniencia de acogerse a la Ley 550 de 1999, más conocida como la Ley de Quiebra Económica.

Como es apenas natural, esta declaración alarmó a los cartageneros y en los medios sociales y las tertulias virtuales es tema de comentarios y opiniones. Y no es para menos. Las finanzas públicas son el motor que pone a girar la administración de los estados nacionales y subnacionales. Unas finanzas sanas y robustas son garantía para un exitoso programa de desarrollo social, económico, ambiental y cultural.

Por el contrario, unas finanzas débiles y enfermas no permitirán superar los problemas de pobreza extrema, la calamidad pública derivada del coronavirus, garantizar la seguridad de los ciudadanos y adelantar programas de gasto social en educación, salud, medio ambiente, movilidad, infraestructura física, deporte, cultura, protección de las minorías y grupos vulnerables, entre otros aspectos de principal importancia.

Sobre esta situación debo decir que los países, departamentos, municipios y distritos no se quiebran, no liquidan sus activos ni clausuran sus sedes de gobierno. Las empresas y los particulares, en cambio, sí se quiebran. Y para esa situación existen reglamentaciones, procedimientos y organismos que ordenan el proceso, para otorgarles garantías a los trabajadores, acreedores, propietarios y al mismo Estado.

Por lo tanto, la frase del burgomaestre debe ser entendida como una alegoría a esa ley que se promulgó durante la Gran Recesión de 1999 para el sector privado -Ley 550/99, y que por una claridad visionaria de la directora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa Arcila, se extendió a las entidades territoriales. Gracias a esa estrategia, lo que era un déficit generalizado en las finanzas territoriales se convirtió en un superávit que ayudó a sanear las finanzas colombianas. Hoy el déficit del país obedece más al sector central que al subnacional.

Lo que sí se puede afirmar sin temor alguno es que Cartagena de Indias atraviesa por una profunda y grave crisis financiera y fiscal. Quizás la más compleja en los 30 años de elección popular de mandatarios, dentro de la descentralización aplicada en Colombia. Esta crisis tiene componentes endógenos y exógenos, fundamentos coyunturales y estructurales, elementos generales y particulares.

En fin, la crisis fiscal y financiera de Cartagena de Indias es un cóctel enloquecedor, preparado con ingredientes explosivos, mezclados con una espinosa bar spoon y agitado por un bartender ofuscado por la magnitud y diversidad de problemas.

En la crisis se mezclan: un déficit fiscal de tesorería con ingresos corrientes de libre destinación de cerca de $100 mil millones, deudas del Dadis por $250 mil millones, un déficit en el IDER de $10 mil millones, déficit en el DATT de varios miles de millones de pesos, un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que reclama $90 mil millones por año durante un cuatrienio, unas necesidades de gasto en salud pública para combatir la Covid-19, una caída de los ingresos corrientes de libre destinación, de destinación específica, los tributarios y los no tributarios, un crecimiento del desempleo y el subempleo, una recesión económica nacional, regional y local, la necesidad de financiar el Plan de Recuperación Económica y Social, el pago de cientos de miles de millones de sentencias judiciales ejecutoriadas y la amenaza de unas contingencias por demandas que llegan al billón de pesos.

Si a esto se le suma que la crisis debe ser enfrentada por un gobierno recién desempacado, con una mayoría de funcionarios bien formados e intencionados, pero sin experiencia en Administración pública y manejo de crisis de proporciones similares o semejantes; un ambiente turbio con los coadministradores del Concejo local y los legisladores del Congreso; unas tensas relaciones con los empresarios y gremios, cabezas de organismos de vigilancia y control, periodistas independientes y de grandes cadenas, líderes comunales y veedores cívicos; el escenario se torna turbulento y azaroso.

Lo cierto es que el alcalde puso el dedo en un punto neurálgico y debemos rodearlo para enfrentar unidos la que será una de la etapas más exigentes de los últimos 50 años para los cartageneros y cartageneras.

Ya era hora de que se le prestara atención a lo que varios columnistas de la Revista Metro hemos estado advirtiendo desde comienzos del año.

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