Esto opino

Las banderas anticorrupción de Dau

Por Agustín Leal Jerez *

La principal propuesta del alcalde William Dau, o mejor dicho, la causa por la cual fue escogido por los cartageneros y cartageneras, es la bandera anticorrupción. El pueblo de Cartagena le entregó un mandato amplio en este sentido, para acabar con el flagelo que, según la percepción ciudadana, es la causa de todos los males que nos aquejan.  

La corrupción política-administrativa es un fenómeno complejo, multiverso y difícil de controlar, pero que se puede resumir como una disfunción cultural de una sociedad en donde un grupo de personas o individuos se apropia de los bienes y servicios que produce el Estado, para sí o colectivamente.

Hasta ahora, en el mundo, el arma más eficaz para combatir la corrupción es la transparencia. Y esto significa no solo la apertura de todos los actos de la Administración pública al conocimiento y control de la ciudadanía, sino el respeto a todas las instituciones públicas y privadas que velan por el correcto manejo, utilización e inversión de los bienes y servicios públicos.

Es tan corrupto el que invisibiliza los procesos y la gestión de la Administración pública, e impide que los organismos de control institucionales y ciudadanos actúen, como los que se apropian de sus productos.

El gran problema del Distrito, y lo hemos dicho antes, son las tinieblas que han circundado las principales decisiones político-administrativas que se han tomado en los últimos tiempos. Determinaciones que han comprometido la suerte de la ciudad y su futuro se han ejecutado a puertas cerradas y exclusivamente con los organismos encargados de decidir.

Hemos estudiado el pilar estratégico ‘Cartagena Transparente’ del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 y creemos firmemente que es poco audaz para el virulento discurso anticorrupción del alcalde.

Aparte de los instrumentos legales vigentes para mejorar el desempeño y la gestión de la Administración pública, su manejo documental, de archivos y procesos administrativos, encontramos las siguientes novedades:

Instrumentalización de las Juntas de Acción Comunal -JAC – como veedoras de la contratación pública, a través de un proceso de empoderamiento, organización y elección, dirigidos por la Administración distrital.  A este programa le encontramos serias contradicciones con otros pilares estratégicos del Plan de Desarrollo, en donde las JAC figuran como posibles contratistas del Distrito, a través de convenios solidarios u otros instrumentos de participación ciudadana. Consideramos que estas labores asignadas a las JAC pueden desnaturalizar sus objetivos misionales. Por otro lado, no nos parece transparente que la Administración cree su propio cuerpo de veedores ciudadanos.

Auditorías forenses e inteligencia artificial. Sin duda es una novedad que aplaudimos y que va a ser de mucha ayuda en la prevención de los delitos de corrupción administrativa.

Educación ciudadana en lucha anticorrupción. El concurso Jorge Piedrahita Aduen y el baile del corrupto pueden ser instrumentos que, manejados con seriedad, pueden facilitar la comprensión del fenómeno de la corrupción administrativa en el pueblo, y el daño ciudadano que produce.

Pero el discurso anticorrupción del alcalde debe dejar legados intangibles en la ciudad para las futuras administraciones, de tal forma que las instituciones que se establezcan difícilmente pueden ser desconocidas por otros gobiernos venideros. Por ello, volvemos a insistir en que esta administración debe estatuir un plan piloto de contratación pública que sea modelo en el país y el mundo. Con pliegos tipo elaborados con la participación de todos los cartageneros y cartageneras, y procesos contractuales abiertos en donde la pluralidad de ofertas sea su objetivo. Por ello no comprendemos el indicador que trae el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, cuando coloca como meta aumentar en el 10% la participación en los procesos contractuales del Distrito, cuando por Ley estamos obligados a garantizar la participación del 100% de todos los posibles oferentes.

El manejo presupuestal debe ser abierto. Que cualquier ciudadano, en cualquier momento, pueda consultar la ejecución del presupuesto distrital y sus movimientos. Solo así podremos evitar otra debacle fiscal como la que estamos viviendo.

  • * Abogado, especialista en Derecho Público, y experiencia en Urbanismo y Contratación Estatal

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