Cartagena

¿Debe o no el alcalde William Dau acatar una medida policiva?

El procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, no lo pudo decir de forma más clara: si el próximo 26 de julio el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, no acata lo dispuesto en un fallo policivo que ordena la restitución del espacio público indebidamente ocupado por el edificio Aquarela, al Ministerio Público no le quedará otra opción que abrirle al mandatario una investigación disciplinaria que en el escenario más favorable podría acarrearle una suspensión, y en el peor podría ocasionar su destitución.

De acuerdo con Gómez Lee, si Dau Chamatt no toma las medidas que conduzcan al cumplimiento de dicha determinación, proferida el 9 de octubre de 2018 por la inspectora de Policía de la Comuna Número 2, Paola Serna Tobías y confirmada en todas sus partes, en segunda y definitiva instancia, por el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Distrito, José Carlos Puello Rubio, el burgomaestre incurriría en un claro “incumplimiento de los deberes del alcalde al Código Nacional de Policía, por poner en riesgo a la ciudadanía”.

En entrevista a W Radio, Gómez Lee manifestó que “el alcalde no necesita la orden de un juez“, ya que “tiene el deber imperativo de dar cumplimiento al fallo policivo del mes de octubre del año 2018“, cuyo incumplimientoconstituye un fraude a una resolución judicial“.

En concepto del procurador delegado, quien fuera auditor general de la República en el periodo 2009 – 2011 y actualmente suena como eventual magistrado del Consejo de Estado, “las medidas policivas son de carácter perentorio“; y, además, los requerimientos de la Procuraduría son también imperativos para el alcalde, ya que, por un lado, debe proceder a la restitución del espacio público y, por otro lado, debe garantizar la seguridad de los cartageneros, la cual está en riesgo según un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

La decisión

La decisión que, de acuerdo con la Procuraduría, el alcalde de Cartagena se niega a cumplir, es la contemplada en la Resolución No. 001 de Octubre 9 de 1018, suscrita -como ya se dijo – por la inspectora Paola Serna Tobías, en la cual, entre otras determinaciones, se ordena a la promotora Calle 47 SAS, en un término de dos meses, restituir 619,59 metros cuadrados correspondientes a áreas de antejardín.

De igual forma, se establece que, “si transcurrido el término anterior no han procedido a hacer la restitución, el Distrito, en asocio de la Fuerza Pública, procederá a realizar esta restitución, aplicando la medida correctiva de demolición” (leer ‘Resolución No. 001 de Octubre 9 de 1018).

Esta decisión fue apelada el mismo 9 de octubre, en la marco de la correspondiente audiencia, por el apoderado de los urbanizadores, el abogado David Garzón Gómez, pero el secretario del Interior, José Carlos Puello -como arriba se dijo- la ratificó en todas sus partes el 26 del mismo mes de octubre (leer Resolución No. 7589 del 26 de Octubre de 2018‘).

Con posterioridad a dicha determinación, los propietarios del Aquarela interpusieron una acción en busca de que, como por mandato de un juez el edificio no puede ser intervenido hasta nueva orden, se aclarara que, en consecuencia, no podía cumplirse la orden de restitución de una área del mismo, impartida por la inspectora Serna.

De acuerdo con el Juzgado 11° Administrativo del Circuito de Cartagena, “es el Distrito de Cartagena, a través de la dependencia o funcionario competente para ello, quien debe hacer cumplir lo ordenado en el fallo policivo de 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior (…) el 26 de octubre de 2018” (leer ‘Resolución de Recurso de Reposición del Juzgado 11 Administrativo).

“No existen decisiones judiciales que ordenen la demolición”: Dau

A través de un comunicado de prensa, el alcalde William Dau se refirió “a las declaraciones y manifestaciones realizadas por el señor procurador (…) en distintos medios de comunicación, así como en las publicaciones realizadas a través de su cuenta de Twitter”, y, tras exponer diversos argumentos y señalar que “la Procuraduría y otras entidades han iniciado unas acciones judiciales que se encuentran en curso“, negó haber “recibido de autoridades judiciales o del Ministerio Público una orden de demolición del inmueble. Si es así, esperamos se nos notifiquen en debida forma las decisiones que así lo ordenan“.

Asimismo, el mandatario aprovechó su misiva para pedirle a los entes de control que “en cumplimiento de sus deberes constitucionales impulsen los procesos sancionatorios iniciados en torno al Edificio Aquarela, lo cual sin duda sentaría precedentes que cooperarían a que en Cartagena no se repitan actuaciones similares en materia urbanística y de construcción” (leer Comunicado a la Opinión Pública).

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OFICIO DEL PROCURADOR CARRILLO AL ALCALDE DAU

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