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Respuestas al Libro Blanco de las tergiversaciones

La lucha contra la corrupción debe ser una bandera de la ciudad, una causa que todos debemos apoyar y no simplemente una bandera política sectaria.

En nuestro paso por el gobierno demostramos con hechos compartir ese propósito, no es casualidad, por ejemplo, que el entonces candidato William Dau ni ningún otro no presentaran una sola queja de intervención en política por parte de nuestros funcionarios. Eso fue gracias a que firmamos públicamente y cumplimos un compromiso institucional de transparencia electoral por parte de nuestro gobierno. Por otro lado, fue gestión nuestra volver a reactivar las compras en Colombia Compra Eficiente, la más transparente plataforma de contratación, ésta se encontraba suspendida antes de nuestra llegada. Se estableció como regla general en la contratación la selección objetiva, con pluralidad de oferentes. Como es nuestro talante se respetaron y acataron cada una de las decisiones judiciales y administrativas expedidas por los organismos competentes. Siempre, en nuestra administración, hubo un respeto absoluto por el Control Social, el político y la Libertad de Prensa, entre otros hechos que objetivamente demuestran nuestra posición de transparencia y apego a la ley.

Expedimos este tipo de comunicación no porque nos opongamos a las denuncias, al esclarecimiento de la verdad, por el contrario lo que nos motiva es solicitar mayor rigor técnico, mayor respeto a las personas que para el ideario colectivo quedan señaladas en este tipo de alocuciones genéricas que censuran incluso a ciudadanos y contratistas que hacen parte del actual gobierno.

Vale la pena recordar que hicimos un proceso de empalme con los delegados designados por el alcalde, William Dau, muchos de esos delegados a los que el autorizó que entregáramos la información no hacen parte de su equipo de Gobierno o ahora participan en sectores muy distintos a los que trabajaron en el empalme. Entregamos nuestros Informes de Gestión e Informe de Entrega del Cargo dentro del marco normativo de la Ley 951 de 2005, dentro de los términos perentorios y preclusivos señalados en esta ley. De igual forma, aclaramos todas las observaciones realizadas por sus funcionarios.

Reiteramos que los informes de Empalme y de Gestión procuran que quienes asumen la responsabilidad de los cargos, tengan la forma de tener al máximo la información que sea relevante e indispensable para asumir con respeto, eficacia, eficiencia, oportunidad y validez, la responsabilidad de trabajo en equipo. Ello con probidad, solidaridad y vocación de servicio. La información entregada además de brindar la información señalada hace énfasis en lo atinente a los manuales de funciones, procesos y procedimientos, inherentes al cargo que se acepta. Al tiempo, dispusimos de un equipo de trabajo comprometido que suministró la información y se esperaba que el gobierno entrante contara con un equipo de trabajo que se comprometiera a escudriñar y desarrollar las propias competencias, tenidas en cuenta al momento de su nombramiento, y que van de la mano de la capacidad para ejercer el cargo, que es para todos, la expectativa de gestión personal, inherente al servidor público titular.

Así las cosas, resulta bastante preocupante que, luego de 6 meses de estar en los cargos, todavía aduzcan que la información entregada no fue completa, cuando tuvieron los dos meses de empalme, más los términos establecidos en la Ley 951 para entrega y recibo de los cargos.

Por otro lado, el señor Alcalde informó que algunos de sus funcionarios se sintieron intimidados luego de la primera entrega de su “libro blanco”, intimidación que de ser cierta la rechazamos categóricamente. Nosotros nos preguntamos si se detuvo a pensar en las consecuencias personales y familiares para las personas que a juicio de sus seguidores se les condena y se lapidan sin ningun control en las redes sociales, sin un debido proceso, sin ser escuchados y vencidos en un juicio, sin poder ejercer el derecho de contradicción, constitucionalmente consagrado como participantes de los hechos que él hace públicos.

Resulta, por lo menos, paradójico que el Alcalde no atienda las advertencias preventivas de la Procuraduría General de la Nación y defienda a los constructores del edificio Aquarela argumentando debido proceso, derecho de contradicción, mientras en su Libro Blanco acusa y condena mediáticamente, incluso, a sus propios colaboradores y contratistas.

El discurso de anticorrupción no puede nublar su juicio y llevarlo a empecinarse en tipificar como faltas de conductas, que no lo son. Esto es muy grave para la institucionalidad y sobre todo para la ciudadanía pues distrae dramáticamente el accionar del gobierno distrital.

Ahora bien, capítulo aparte merecería la valoración del rol de los organismos de control en el funcionamiento del Estado. Nosotros sí reconocemos su autoridad, su institucionalidad.

Consideramos que los organismos de control al igual que la Democracia son sistemas imperfectos, pero absolutamente necesarios. Lo otro sería la anarquía, el autoritarismo o la dictadura.

Seguimos en disposición de rendir descargos por las observaciones que se hacen en el Libro Blanco, en el marco de la Constitución Política de Colombia y la ley, dentro de los procesos que se nos adelanten. Muchas de las acusaciones que nos hacen el alcalde y sus funcionarios por más que intenten achacarlas a nuestro paso por el gobierno es más que evidente que la mayoría no coinciden con nuestro período, otras están pasando el filtro rutinario y legal del estudio de los organismos de control sin que haya pronunciamiento todavía, pero ya nos condenan.

Fueron muchas las horas de desvelo, muchos los sacrificios, mucha la pasión para servirle a la ciudad como para ahora permitir que de un plumazo pasemos a ser los protagonistas de la corrupción en Cartagena. Esto es a todas luces inaceptable y dedicaremos el tiempo y los esfuerzos necesarios para impedir semejante ignominia. Ejerceremos nuestra defensa como un deber ético, profesional, personal y familiar y estamos seguros que más temprano que tarde la justicia y la ciudadanía reconocerá la probidad de nuestro actuar.

Firmado por

Pedrito Tomas Pereira Caballero, exalcalde de Cartagena
Martha Seidel Peralta, exsecretaria General de la Alcaldía
Edilberto Mendoza Góez, exdirector del Tránsito
Javier Posada Meola, exdirector del PES
José Carlos Puello, exsecretario del Interior
Édgar Marín Támara, exsecretario de Infraestructura
Carlos Cuesta, exdirector de la Oficina de Informática
Jorge Camilo Carrillo, exdirector de la Oficina Jurídica
Erika Barrios Martínez, exdirectora de Corvivienda
Claudia Anaya, exsecretaria de Participación
Claudia Navarro, exdirectora de la Escuela Taller
Aníbal Therán Tom, exjefe de comunicaciones

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