Esto opino

El edificio Aquarela y el mercader de Venecia

Por Agustín Leal Jerez *

En nuestra columna pasada (leer ‘La realidad del Aquarela: el procurador tiene la razón‘) afirmamos, sin ambages, que el procurador general de la Nación tenía razón, en el entendido, que la administración distrital ha expresado que la única forma de demoler el edificio Aquarela es a través de una orden judicial. Trascribimos varios apartes del informe técnico rendido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en donde da cuenta de serias fallas estructurales de la torre construida, que no daría otro camino a la administración que ordenar su demolición.

Conocido otro informe técnico, esta vez ofrecido por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, en donde se concluye que el proyecto Aquarela cumple con las normas de sismo-resistencia requeridas, debemos exigirle, tanto a la Procuraduría General de la Nación como al Ministerio de Cultura, mayor responsabilidad y rigor técnico en el manejo de este asunto.

El Distrito de Cartagena no puede tomar riesgos innecesarios bajo presión de los organismos de control, como tampoco de Mincultura, que por su tardía respuesta en proteger el bien de interés cultural bajo su jurisdicción –hoy -, la enhiesta torre ofenda la vista de todos los cartageneros, cartageneras, Colombia y el mundo entero.

Hablemos sin mentiras: en nuestro concepto, la única forma viable y segura, jurídicamente, para demoler la torre del Aquarela es que esta no cumpla con las normas de sismo-resistencia y control de incendios, NSR-10. El proceso policivo de recuperación del espacio público es una chapucería jurídica que nos puede costar toda una vigencia presupuestal de inversión en los estrados judiciales.

Este proceso policivo es una trama parecida a la tragicomedia shakesperiana del Mercader de Venecia, en donde un avaro judío pretende cobrarse una deuda de un cristiano, reclamando para sí una libra de carne del cuerpo del desafortunado deudor que tiene como prenda de garantía, pero cuando se apresta a ejecutar su macabra garantía, el abogado le previene que en el contrato no está incluida la sangre. Es decir, que tiene que obtener la libra de carne sin pasarse ni un gramo y sin derramar una gota de sangre.

Igual se pretende en este caso con la recuperación de 32.19 metros cuadrados de espacio público privado, derribando un edificio de 25 pisos.

La improcedencia jurídica de esta medida ya fue explicada en la columna anterior.

Las otras vías judiciales exploradas para lograr el objetivo de demoler la torre no las vemos viables porque, como ya hemos dicho antes, el proyecto se concibió amparado en la legítima confianza que la administración les brindó a los desarrolladores cuando les extendió todos los permisos y licencias requeridos para su construcción. En la ciudad hay ejemplos de varios edificios de igual o menor altura que se autorizaron bajo la misma norma.

No se puede seguir presionando resultados con los elementos que tenemos hasta ahora, porque lo que se obtiene son respuestas desesperadas de funcionarios que, temiendo ser suspendidos de sus cargos, como es el caso del desparpajado inspector de Policía de la Comuna 2, que ha emitido una orden terminante para que se ejecute la medida proferida por su despacho en un término perentorio de cinco días.

Lo que le corresponde al Ministerio Público, a Mincultura y al Distrito es ordenar unos estudios técnicos serios que permitan develar la verdad de si el edificio viola o no las normas técnicas de sismo-resistencia y control de incendios.

Por lo menos, para resolver el tema de la clase de suelo en donde se construye el proyecto debe solicitarse a Ingeominas que determine de una vez por todas qué clase de suelo es.       

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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