Esto opino

Notas sobre una profunda indignación… ¿en qué ciudad vivimos?

Por  Rubiela Valderrama Hoyos *

Qué barbaridad, las cosas que pasan en Cartagena, y no sabe una si indignarse más por la complicidad de las autoridades (por acción y/u omisión) o con la ciudadanía que calla o se hacen los de la vista gorda.

Me refiero en esta nota a dos hechos que me tienen profundamente indignada: el primero tiene que ver con las denuncias públicas hechas en la audiencia del Concejo Distrital el día 17 de julio, por líderes y lideresas sociales de los Consejos Comunitarios de poblaciones afrocartageneras de La Boquilla, Villa Gloria, Tierra Baja y Puerto Rey. Allí, de manera contundente, expusieron cómo bajo las narices de las autoridades y los llamados defensores del medio ambiente en Cartagena (Cardique, Dimar, EPA, Alcaldía de Cartagena, Ecobloque, entre otros), las élites empresariales del turismo (Hotel las Américas y Serena del Mar, entre otras) y ganaderos de la zona, se roban de manera descarada inmensas zonas de humedales y manglares; sin embargo, esas mismas autoridades y defensores del medio ambiente solo señalan y persiguen a las familias nativas y empobrecidas que les ha tocado ubicarse en estos terrenos para poder tener un lugar donde vivir.

De manera concreta señalaron al ambientalista y miembro del Ecobloque, Rafael Vergara Navarro, de quien dijeron que solo se enfoca en perseguir a los empobrecidos, pero guarda silencio cómplice frente a las empresas que roban tierras y ecosistemas completos en el territorio distrital (Centro de Convenciones del Hotel las América, 400 hectáreas de manglar entregadas a Serena del Mar, empresas Océanos y Manuelita, entre otras). Me pregunto: ¿quiénes estaban al frente de las autoridades ambientales cuando este descarado robo ocurría?

Sobre este tema me indigna que muchas personas posen como defensores del medio ambiente, de derechos humanos y demócratas, mientras instauran acciones judiciales contra las comunidades negras ancestrales, bajo el pretexto de estar en riesgo, y/o guardan largos y cómplices silencios frente a este complejo problema social de la ciudad, una ciudad que históricamente le ha dado la espalda a sus nativos, que los ha discriminado, segregado y agredido de mil maneras; una ciudad gobernada por élites, con prácticas racistas, corruptas y clientelares que van desde la negación de los derechos más elementales como el agua, la salud, hasta el despojo del territorio, y que se ha reservado para ellos y los de su clase los lugares con mayor potencial de desarrollo económico; y justamente por eso quieren expulsar de ese lugar a los pobladores de Villa Gloria y Marlinda, así como ya han hecho en La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Barú e Islas del Rosario; confinando a la población nativa en pequeños espacios, donde no estorben al desarrollo turístico o hacinándolos en pequeños apartamentos lejos de su territorio ancestral.

Señor alcalde William Dau, esto también es corrupción y espero leer este capítulo en su famoso libro blanco.  

El segundo hecho al que quiero referirme es al accionar violento y abusivo de muchos agentes de la Policía, quienes, aprovechándose de la mayor autoridad que les conceden los decretos del confinamiento por la pandemia, arremeten contra las personas de sectores populares de la ciudad en una clara violación a los derechos humanos. Varios videos que han circulado masivamente por redes sociales lo han demostrado.

Me indigna sobremanera que una institución que tiene como fin primordial el mantenimiento de la convivencia para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes del país y la ciudad convivan en paz, se tomen la atribución de abofetear y agredir verbalmente a una mujer y levantar a bolillo y patadas a un habitante de calle, entre otras tantas barbaridades que hacen con frecuencia en las comunidades pobres de la ciudad.

Me pregunto: ¿acaso el señor alcalde William Dau Chamat, primera autoridad de Policía del Distrito, desconoce estos hechos que son de público y notorio conocimiento?; pues no lo hemos escuchado pronunciarse al respecto. ¿Por qué las autoridades de Policía no tienen en cuenta los llamados de atención que sobre este particular les ha hecho el secretario del Interior y Convivencia, David Múnera? ¿Será que necesitamos un relevo total en el cuerpo de Policía de la ciudad, comenzando por su Comandancia?

Me preocupa e indigna aún más el hecho de que muchos líderes y lideresas sociales y comunales hoy estén amenazados por denunciar estos atropellos, así como lo están los representantes de los Consejos Comunitarios de nuestras poblaciones afrocartageneras por la defensa del territorio.

Hago un nuevo llamado a la sociedad civil organizada de la ciudad, a los intelectuales, a los medios de comunicación alternativos, a los defensores de derechos humanos, a pronunciarnos de manera contundente contra estos atropellos y por el legal y legítimo derecho a la ciudad que tenemos todas y todos, tanto en lo urbano como en lo rural.

* Trabajadora Social, Magister en Estudios de Género, lideresa y defensora de los Derechos Humanos

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