Historias

Convenio para apalancar transparencia en el Distrito, ¿apenas ‘flor de un día’?

Mediante un comunicado de prensa, el Distrito de Cartagena informó que había suscrito un convenio con el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar -CPCB – para “apalancar los procesos de transparencia, modernización y anticorrupción que la Administración Distrital  se ha comprometido a ejecutar dentro del Plan de Desarrollo Distrital” (leer ‘Comunicado de Prensa No. 887‘).

De acuerdo con el remito, cuyos principales apartes fueron publicados en las redes sociales del Ejecutivo, “dentro de las prioridades que se establecerán en el convenio será el diseño e implementación del observatorio y la política pública de la anticorrupción” (leer ‘Publicación en Redes Sociales‘).

La noticia sobre el convenio suscrito para propiciar un clima de transparencia para la generación de confianza institucional” fue difundida por varios medios de comunicación (leer ‘Alcaldía de Cartagena firma convenio con el CPCB – El Universal‘ y ‘CPCB será un apoyo institucional de la Alcaldía en la lucha contra la corrupción -Revista Zetta‘).

Curiosamente, los términos ‘transparencia, modernización y anticorrupción ‘, reiterativos tanto en el comunicado como las publicaciones virtuales, desaparecieron de estas de la noche a la mañana.

En cuestión de horas, donde decía “transparencia, modernización y lucha contra la corrupción serán las líneas de acción a trabajar gracias al convenio firmado entre la Alcaldía y el CPCB” se indica ahora que “la Alcaldía y el Centro de Pensamiento firmaron convenio de ayuda interinstitucional con el cual se dejan sentadas las bases para contribuir en acciones conjuntas en las áreas de investigación, conocimiento y políticas públicas“.

De acuerdo con lo que Revista Metro pudo establecer de fuentes estrictamente confidenciales, solo después de firmarse el convenio se supo que en su texto no había una sola referencia a la ‘transparencia y la anticorrupción‘ y, en consecuencia, no hay un solo compromiso por parte del Distrito ni del CPCB que apunte a las acciones informadas. De hecho, en las ocho páginas del documento no aparecen dichos términos (leer ‘Convenio suscrito por el Distrito de Cartagena y el Centro de CPCB‘).

Pero -al parecer – la principal razón por la cual en menos de 24 horas se cambió el sentido del convenio es porque, después de su firma, el alcalde (William Dau Chamatt) se enteró que la presidenta del Centro de Pensamiento (Fanny Guerrero Maya) había sido una especie de jefe de debate de (Antonio) Quinto Guerra a la Alcaldía y de (Hernando) Padauí (Álvarez) a la Cámara“, aseguró una fuente cercana al Distrito que pidió no revelar su nombre; “él no lo sabía y, según se dice, de haberlo sabido antes no hubiera autorizado esa alianza” (ver ‘Fotografías de Fanny Guerrero‘).

De acuerdo con la misma fuente, el mandatario se habría enterado, igualmente, que en septiembre del año pasado, el actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez, “en ese entonces en calidad de encargado, les pidió a los empleados y directivos de la entidad no participar en actividades políticas, y ocurrió -según se dijo – porque en la Cámara le estaban haciendo campaña a Hernando Padauí, a la Gobernación de Bolívar, y a Fernando Araújo, a la Alcaldía de Cartagena, y como se recordará La W reveló que una de las personas que abiertamente estaba haciendo proselitismo dentro de la Cámara, algo que está prohibido por sus estatutos, era la entonces vicepresidenta Fanny Guerrero” (leer ‘Llamado de atención a empleados de la Cámara de Comercio por proselitismo‘).

De acuerdo con otras fuentes, sin embargo, el convenio en el sentido planteado inicialmente, como estrategia contra la corrupción, no se mencionó siquiera en el texto del convenio porque la misma no hace parte del objeto social del CECB. “Si usted lee detenidamente el texto del convenio se dará cuenta que lo pactado es algo muy distinto“, expresó; “sinceramente no sé que se esconde, o qué se pretendió“.

En concepto de Juan de Arcos Puello, director encargado de la Corporación Cartagena Visible, “al margen de todo lo expuesto, el hecho es que si la Administración pretendía validar sus propósitos anticorruptivos debió hacerlo con una entidad que realmente sea experta en control social, como, por ejemplo, Funcicar, o a nivel nacional Transparencia por Colombia o el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Las tres son expertas en el tema; la CECB no; por el contrario: en Cartagena todo el mundo sabe que el CECB ha sido manejado políticamente por varios conocidos dirigentes. Evidentemente, al alcalde lo volvieron a asaltar en su buena fe“.

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