Esto opino

El palo no está para cucharas

Por Agustín Leal Jerez *

En materia de finanzas distritales, la Administración Dau ha propiciado dos noticias este mes de julio que ha estremecido a profanos y conocedores de la Hacienda Pública. La primera de ellas se suscita cuando el alcalde, a rajatablas, expresó que el Distrito se acogería a la Ley de Quiebra, porque el pasivo de la administración distrital era impagable. La segunda se origina con la expedición del Decreto 0744 de julio 16 de 2020, por medio del cual se reduce el presupuesto de la presente vigencia en la suma de $53.405’570.125, de los ingresos y gastos correspondientes a los recursos de libre destinación; muy a pesar de que, simultáneamente, presenta un proyecto de acuerdo al Concejo Distrital en donde aumenta el presupuesto de la actual vigencia, por incorporación de recursos, en la suma de $88.067’479.632. Es decir, que en términos reales el presupuesto de 2020 se ha incrementado aproximadamente en unos $34 mil millones.

A todo lo anterior se le suma la expedición de dos decretos de traslados presupuestales para solventar la crisis originada por el Covid-19, mayormente soportados por los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -Icld.     

Aunque, jurídicamente, el hecho de reducir el presupuesto, por un lado, e incorporar recursos por el otro, es irrelevante, técnicamente y desde el manejo ortodoxo de la hacienda pública deja mucho que decir, porque la sensación que se está dando a los grupos de pensamiento que manejan el tema, y al público en general, es que hasta el momento no hay una política fiscal congruente y seria para enfrentar la grave crisis financiera por la que atraviesa el Distrito. La administración, en su empeño por resolver el día a día, está dejando transcurrir un tiempo valioso para tomar las medidas radicales que amerita el momento histórico.

Llevamos siete meses de gobierno, y desde el día en que se expidió el acto administrativo de cierre presupuestal del Distrito ya se sabía a ciencia cierta cuál era la situación real de las finanzas. Desde ese momento, entonces, debió prepararse el paquete de medidas económicas a tomar, conjuntamente con el Concejo, los gremios económicos y la sociedad cartagenera en general. Las primeras de las medidas abordadas en materia fiscal fueron los proyectos de acuerdo de incentivos tributarios, en donde se esperaba recaudar por vigencias anteriores de predial e industria y comercio más de $120 mil millones. Los resultados son conocidos: la reducción de los ingresos corrientes de libre destinación.

Lo que  ha presentado al Concejo Distrital la administración Dau y se ha anunciado con bombos y platillos como un plan de ajuste fiscal parcial -que hasta ahora, no sé si exista tal instrumento en la Hacienda Pública colombiana – no es más que la ejecución de un precario Plan de Ajuste Fiscal que introdujo la administración de Pedrito Pereira en el artículo 108 del Acuerdo 018 de 2019, o presupuesto de rentas y gastos para la actual vigencia, con una exigencia de dudosa ortografía jurídica, que obliga al alcalde a presentar a la corporación edilicia las cuentas que se van a cancelar con cargo al citado plan de ajuste. La presentación de este proyecto de acuerdo agrava más la situación de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -Icld, y pasamos a explicar:

No podemos tomar ningún tipo de determinación sobre los Icld si no medimos con precisión el impacto real que la crisis del Covid-19 va a ocasionar sobre estos recursos, no solo en lo que resta del año, sino en la vigencia venidera que es cuando estos impuestos van a alcanzar el pico de la curva de decrecimiento. Como ya hemos expresado en otras columnas, de estos tributos el predial unificado es el que mejor sale librado en la vigencia que corre, por la simple razón de que es un ingreso estacional que se logra recaudar, casi en su totalidad, en el primer trimestre del año.

Afortunadamente para las finanzas distritales, la cuarentena por el coronavirus arrancó en el segundo trimestre cuando ya se había recaudado más del 80% de este impuesto. Con industria y comercio el asunto es a otro precio, porque para el primer trimestre únicamente se logró recaudar el 32%. Por ello diferimos de las cifras de reducción del recaudo por este concepto que tomó el Decreto 0744 de julio 16 de 2020, porque es muy difícil que a 31 de diciembre de 2020 este impuesto, que está representado por el sector más golpeado por la pandemia, y donde el 80% de su composición se encuentra en la franja de la micro, pequeña y mediana empresa, logre alcanzar un recaudo del 90% como pretende la administración. Esperamos, por el bien de la ciudad, que para el mes de octubre no tengamos que expedir otro decreto reduciendo nuevamente el presupuesto.

Si no tomamos las previsiones necesarias ahora podríamos incrementar el déficit fiscal sobre los Icld porque, si a 31 de diciembre de 2020 no logramos cubrir todos los compromisos asumidos con estos recursos, con dineros de la vigencia de 2021 será totalmente imposible cancelar las reservas presupuestales y cuentas por pagar que queden por estos rubros, porque la contracción en estos ingresos va a ser mucho mayor, sobre todo, en el predial unificado que se recauda mayormente en el primer trimestre, que en la presentada en la actualidad.

La situación de estos recursos es demasiado grave, los traslados presupuestales para apalancar la calamidad pública fueron tomados de allí, en aproximadamente $20 mil millones, los embargos pendientes de aplicar están en el orden de los $132 mil millones, la reducción de los $53 mil millones; y la ñapa ahora: $32 mil millones del plan de ajuste fiscal parcial, quedando en cuentas por pagar un saldo de $21 mil millones.

Estas sumas de compromisos, embargos y reducciones dan un aproximado de $258 mil millones de los $564 mil presupuestados para la vigencia que corre. Si a todo esto le sumamos los pasivos del Distrito, que según la administración rondan los $800 mil millones, podemos concluir que el palo no está para cucharas.

Creemos firmemente que la situación financiera del Distrito debe afrontarse de forma técnica y sistemática, e implementando soluciones más audaces.

Volvemos al ejemplo de Barranquilla, que logró su prosperidad y pujanza actual gracias al acuerdo de restructuración de pasivos 2002-2018, y al nuestro con el Plan de Ajuste Fiscal y Financiero 2001 – 2005.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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