Esto opino

Detención domiciliaria y aislamiento preventivo

Por Germán Danilo Hernández *

El llamado aislamiento preventivo obligatorio, motivado por la pandemia del Covid 19, es en la práctica el equivalente a la detención colectiva domiciliaria, sin que medie sentencia judicial. Con excepción de quienes cuentan con permisos especiales, o de aquellos que desacatan deliberada e impunemente las normas, la gran mayoría de colombianos, al igual que millones de personas en el mundo, tienen hoy su casa por cárcel.

El confinamiento generalizado puede ser interpretado como la mayor detención de ciudadanos en la historia de la humanidad, por la conversión de residencias, ciudades y países en prisiones de sus propios habitantes. Aunque el fenómeno es comprensible por las extraordinarias dimensiones de letalidad del enemigo invisible, resulta inevitable deducir que el común de los ciudadanos, que nunca han cometido delito alguno, afrontan el mismo nivel de encierro de quienes, habiendo violado las Leyes, han sido beneficiados por la justicia con la figura benevolente de “detención domiciliaria”.

Como se sabe, en Colombia esa figura sancionatoria tiene unas connotaciones especiales, porque pareciera ser la máxima pena restrictiva que se pudiera aplicar a determinados personajes, que por su condición política, económica o social, gozan de una subrepticia inmunidad cuando cometen delitos, independientemente de la gravedad de éstos.

Así las cosas, a diferencia de la inmensa mayoría de confinados por la pandemia, que sobreviven en pequeñas casas-cárceles, en muchos casos bajo precarias condiciones económicas por haber perdido sus empleos o quebrado en sus negocios, sin contar inclusive con las raciones de alimentos necesarias para sus familias, los “presidiarios de alcurnia” cumplen o se disponen a cumplir su “detención” en amplias y lujosas mansiones o en extensas fincas de su propiedad, con privilegiadas atenciones, y con niveles de custodia mucho menos rigurosos de los que se imponen a los aislados por el Covid.

La generalidad del aislamiento revela entonces que además de los célebres convictos que veranean en casas fiscales, el beneficio de casa por cárcel para determinados “intocables”, les otorga condiciones de comodidad extraordinariamente superiores a las que tiene la inmensa mayoría de colombianos que jamás ha delinquido.

Ojalá esta nueva perspectiva comparativa conlleve a una revisión de tales beneficios de reclusión, para que, dependiendo de la gravedad del delito, si a los “delincuentes especiales” no se les envía a las cárceles convencionales, por lo menos se les asignen domicilios menos privilegiados de los que padecen millones de colombianos con el aislamiento preventivo.

Verlos, por ejemplo, obligados a cumplir algún tipo de servicio social en albergues para ancianos, en asilos para indigentes, en centros de rehabilitación para drogadictos, o  en establecimientos similares, sería menos ofensivo para quienes por la necesidad de protección frente al virus se sienten mucho más condenados que ellos.

* Periodista, columnista, docente universitario y asesor de comunicaciones

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