Esto opino

Educación en Situaciones de Crisis y Emergencia

Carlos Almanza Agámez *

1.058’824.335 estudiantes en todo el mundo afectados [i] -según datos monitoreados por Unesco a corte 2 de agosto, y alrededor de 156 millones de niñas, niños, jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe, se aprestan a iniciar, retomar o continuar sus estudios en todos los niveles educativos, a través de modalidades que van desde la educación remota mediada por Tecnologías de Información y Comunicación con el apoyo directo de las familias en el proceso educativo, hasta la propuesta de retorno al entorno escolar, de forma gradual y progresiva, bajo el esquema de alternancia que expone y lidera el Ministerio de Educación Nacional en Colombia [ii].

Sumado a la grave emergencia sanitaria que hemos padecido a nivel global, el Covid-19 ha impactado sensiblemente todos los sistemas educativos del mundo, y ha generado una migración abrupta de una educación presencial a una no presencial, lo que se ha venido a llamar como coronateaching, y que viene siendo objeto de seguimiento, reflexión y análisis desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por las siglas en inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Los impactos de la pandemia declarada desde el pasado 11 de marzo del presente año por la Organización Mundial de la Salud, y las medidas de prevención y mitigación de riesgo de contagio decretadas por las autoridades en las distintas naciones, tienen en los múltiples actores de los sistemas educativos diversas afectaciones, principalmente en los estudiantes y sus familias: niños, niñas, jóvenes y adultos, desde la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica y media, y la educación superior, así como la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que han sufrido una súbita ruptura de sus hábitos, y que cambiaron las aulas físicas de clases por pantallas de computadores y celulares en sus hogares, adaptándose lentamente a nuevas experiencias de aprendizajes, una educación en situaciones de emergencia, cuyos resultados a futuro aún están por evaluarse.

Maestros y maestras, educadores, formadores, instructores y docentes universitarios también sufren el rigor de transformar sus prácticas pedagógicas a esta nueva normalidad, actualizar o aprender aceleradamente nuevas competencias digitales para responder asertivamente a las exigencias y retos que exige una educación remota mediada por tecnologías, además de tener que lidiar con la ansiedad que produce -en particular en el sector privado en todos los niveles educativos – la zozobra sobre el futuro laboral y su desempeño, en un sector fuertemente golpeado por la deserción escolar y universitaria.

Y, en todo este panorama, a los gobiernos, como actores del sistema educativo, se les exige garantizar el derecho a la educación en conexión con el derecho de acceso a internet, considerado desde 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un derecho básico de todos los seres humanos. Especialmente en las naciones de América Latina y el Caribe, donde las brechas digitales son muy marcadas, afectando por exclusión especialmente a poblaciones vulnerables en zonas rurales, minorías étnicas, población migrante, y a sectores periféricos en las ciudades y pueblos marcados por la pobreza a todo lo largo de nuestras naciones.

Esto es imperativo: proteger el derecho a la educación siempre, en particular durante esta crisis ocasionada por la pandemia, para no dejar a nadie atrás, y para mejorar la calidad de la experiencia educativa remota de emergencia, en escuelas, colegios, universidades, etc., bajo principios de equidad e inclusión.

En ese contexto, los principios básicos para superar la crisis en Colombia parten de recordar que la educación es un derecho a cargo del Estado (Art. 67 C.N.), y que el caso particular de la Educación Superior es responsabilidad del Estado facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior” (Art. 69 C.N.).

Este deber estatal de asegurar las condiciones para la continuidad de la educación se logra haciendo sinergia con todos los actores del sistema educativo, donde cada uno asume responsabilidades a la medida de sus capacidades, poniendo el foco principal en proteger a niñas y niños en edad escolar, jóvenes en la educación básica y media, y jóvenes adultos universitarios y en educación para el trabajo y el desarrollo humano, especialmente todos aquellos que hacen parte de grupos vulnerables.

Sobre la Educación Superior, sostiene el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior que “asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación es la primera prioridad y, por consiguiente, todas las decisiones políticas que afecten, directa o indirectamente, al sector de la educación superior deberían estar presididas por este derecho. La responsabilidad primera de garantizar que este derecho se ejercita en la práctica recae en los Estados que deben generar marcos regulatorios, de financiamiento y de incentivos adecuados, así como impulsar y apoyar programas e iniciativas inclusivas, pertinentes, suficientes y de calidad. En particular, es responsabilidad del Estado generar un entorno político que, respetando la autonomía de las IES, sea propicio a una salida de la crisis que garantice la seguridad sanitaria al tiempo que optimiza las condiciones para que las instituciones avancen en calidad y equidad” [iii].

Son tiempos de incertidumbre, pero aún en estos tiempos está demostrado que la educación sigue siendo una prioridad para las familias. La mejor decisión de padres y madres de familia, escuelas e instituciones educativas y gobiernos es asegurar por todos los medios disponibles la continuidad de los sistemas y procesos educativos. La Educación salva vidas, y garantizar la continuidad del servicio, ayuda a salvar vidas, ofreciendo un espacio de protección para niños y niñas, y un sentido de futuro y esperanza para jóvenes y universitarios, en contextos de emergencia y crisis.

[i] Ver: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

[ii] Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Junio 2020. Ministerio de Educación Nacional, Colombia.

[iii] UNESCO-IESALC: Covid-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. Publicado el 13 de mayo del 2020, disponible en: http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf

* Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y docente universitario.

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