Esto opino

Fondo de sustentabilidad Cartagena 500 años

Por Agustín Leal Jerez *

Con la sanción de la Ley 2038 de Julio de 2020, a través de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad Cartagena 500 años, se inaugura una nueva interpretación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad enunciados en la Carta Política.

Ya habíamos advertido en la columna ‘Plan de Reactivación Económica y Social de Cartagena‘ publicada en este mismo medio, que los problemas más serios que ha evidenciado la crisis de la pandemia del Covid-19 en Colombia radican en la dificultad de articular las políticas estatales con los entes territoriales para que resulten más eficaces. También dijimos que la desconfianza del sector empresarial colombiano en el sistema político administrativo estatal ha impedido conjugar lo público y lo privado para que la inversión pública se maximice.

Miramos con buenos ojos los esfuerzos del senador Fernando Nicolás Araújo para afrontar un tema tan evadido en la ciudad como lo es la superación de la pobreza y la desigualdad. Pero, conocidos los elementos esenciales de esta ley, ahora le corresponde la titánica labor de tomarse una selfie con ciento cincuenta micos.   

El hecho de no traer la ley una fuente de financiación definida sino que dependa de los presupuestos de la Nación y los entes territoriales, como el Distrito y el Departamento, es, por sí mismo, un asunto problemático.

El Distrito, que sería el gran interesado y beneficiario, está atravesando por la crisis fiscal más grave en sus últimos cincuenta años de historia, lo que impediría aún cumplir con algunas de sus funciones esenciales. Con el agravante de que la Administración distrital, lamentablemente, está dando palos de ciego en la implementación de las políticas de ajuste fiscal, lo que podría exacerbar aún más la situación financiera del Distrito.

Aparejado a lo anterior, sin lugar a dudas, otro factor importantísimo en este análisis es la persona del burgomaestre: egocentrista, conflictivo y con escasa visión de la gerencia pública.

Todo esto no predica, en el mediano plazo, un futuro muy halagüeño a este Fondo. Pero tenemos que dar la lucha, por la vida y bienestar de muchos cartageneros y cartageneras, para lo cual debemos aprovechar las facultades conferidas al presidente la República para reglamentar el referido Fondo para que se hagan los ajustes necesarios para su correcta implementación.

Consideramos como verdad histórica en el Distrito de Cartagena, y así lo hemos señalado en varias columnas publicadas en Revista Metro, que la pobreza y la desigualdad pasan por la iniquidad en el ordenamiento territorial, entendido este como una noción sociológica compleja que va mucho más allá de una simple organización geográfica espacial del territorio, ya que este instrumento de planeación conlleva además la orientación política-administrativa de todas las funciones sociales ligadas a la economía, cultura, medio ambiente y salud pública.

A la desigualdad en el territorio debemos el surgimiento de las dos Cartagena; por ello es imposible ejecutar un Plan de Dinamización para la sostenibilidad fiscal y desarrollo social y equitativo en el Distrito, con vigencia hasta el año 2033, para radicar la pobreza, como lo dispone la Ley, si el Fondo no cuenta con facultades para gestionar el suelo.

Proponemos mejorar la redacción y sentido del Numeral 4 del artículo 8 de la citada ley, con el objeto de que el Fondo pueda gestionar el suelo a través de la formulación de macroproyectos, planes parciales y unidades de planificación rural, separando estas funciones de las medidas administrativas para armonizar los Planes de Ordenamiento Territorial y Departamental con sus respectivos Planes de Desarrollo. Nos atreveríamos a sugerir en este punto que se ahonde normativamente para ver si es posible que se resuelvan varios aspectos territoriales, especialmente en la Zona Norte, donde el desarrollo inmobiliario no ha podido beneficiar a las comunidades aledañas por la desarticulación normativa distrital

Otro aspecto importante es el consagrado en el Numeral 4 del artículo 3, pero con el fin de que en las estrategias financieras, rutas administrativas y reglas de contabilidad pública transparente que propone la ley para el Distrito tengan una mayor fuerza normativa, de acuerdo con  la sentencia de la Corte Constitucional C983 de 2005 que expresa: “El principio de concurrencia – conectado estrechamente con el principio de subsidiariedad – no solo invoca la atención de la Nación sino que apela también a la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes pueden ir a una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas…”, la Nación debe ejercer un mayor liderazgo en la resolución de la crisis fiscal y financiera del Distrito, ya que sin la solución de este problema los esfuerzos legislativos para superar la pobreza serían inútiles.

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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