Esto opino

Indecorosa apología

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

La detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia a un expresidente, en días recientes, ha generado las más variadas opiniones en todos los sectores de la sociedad, entre otras cosas por tratarse de una actuación sin precedentes en la historia patria. Veamos algunas:

Duele (…) que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia“; “Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad“.

Estas contundentes alegaciones no fueron expuestas por el abogado defensor del encartado, en la correspondiente oportunidad procesal, pese a que pudiera dar esa primera impresión. No, fueron vitoreadas en varios pronunciamientos oficiales dirigidos a la ciudadanía por parte de algunos servidores públicos de primer nivel.

Pretender juzgar el sentimiento de pesar o tristeza que pueda experimentar un ser humano por cualquier situación calamitosa que sobrevenga sobre un amigo, maestro, mentor o líder es tan equivocado como pretender descalificar y tildar de injusta o carente de garantías una decisión adoptada por el máximo tribunal judicial en materia penal, en el marco de un proceso formalmente adelantado.

Por eso nada opinaremos al respecto. Lo que sí llama la atención es que la frustración y los cuestionamientos al juez del proceso no provengan de Juan o María, ciudadanos afectos al movimiento liderado por quien hoy tiene provisionalmente restringidas algunas libertades, sino nada más y nada menos que de funcionarios públicos en pleno ejercicio del cargo.

Esa condición especialísima de servidor público que ostentan algunos de los funcionarios que se han pronunciado no en simple desacuerdo con la decisión, sino que han puesto en entredicho la institucionalidad e imparcialidad del juez del caso, les impone una serie de cargas o deberes, cuyo desconocimiento podría, eventualmente, devenir en infracción disciplinaria, según lo estipula el artículo 48, numeral 42 de la Ley 734 de 2002: “Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita”.

No obstante, para afirmar que se está ante la comisión de una conducta censurable desde la esfera del derecho disciplinario, deberá adelantarse una investigación formal y respetuosa de todas las garantías por parte del operador judicial natural y no en una columna de opinión.

Por eso nos debemos limitar a señalar que esa defensa o apología apasionada y pública, al mejor estilo escolástico, hecha por algunos servidores públicos es, al menos, indecorosa, por lo que se hace imperativa una invitación a la saludable mesura.

Abogado – docente Universitario

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