Esto opino

¿Es la justicia imparcial?

Por Agustín Leal Jerez *

“La sentencia no puede más que plasmar la preferencia de un juez o de una corte en un lugar y en un momento determinado”: Oliver Wendell Holmes, exmagistrado Corte Suprema de los Estados Unidos.

Desde que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento con detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, esta es la pregunta que nos hacemos las mayorías de los colombianos.

La respuesta no es pacífica. Este es, quizá, el problema fundamental de la teoría de la adjudicación del Derecho. Pero viene estrechamente ligada a la naturaleza del sistema jurídico en donde se ejecute, porque si el ordenamiento jurídico donde el juez administra justicia es completo y coherente, esto es, que es perfecto y no tiene lagunas, la adjudicación judicial vendría a ser una actividad técnica y neutra, en donde el papel del juez solo consistiría en encontrar y argumentar la solución del caso sometido a su arbitrio. El problema surge cuando el sistema jurídico es abierto, y tanto los estamentos sociales y políticos, como sus instituciones, viven en constante tensión, como sucede en Colombia.

Desafortunadamente, nuestra vida republicana de violencia y convulsión política permanente nos ha destrozado ética y moralmente. La dogmática penal ha sido una de las grandes sacrificadas cuando nos ha tocado escoger entre la libertad y la seguridad. Los estados de excepción, casi que permanentes en el siglo pasado, el famoso estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, las decisiones judiciales en la justicia sin rostro, etc. Y el ejemplo más palpable: la variación interpretativa de la Corte Constitucional del delito de enriquecimiento ilícito. En la Sentencia C-127 de 1993 las actividades delictivas requerían estar declaradas judicialmente para que se tipificara el delito, pero unos meses antes del inicio del Proceso 8.000 la Corte, a través de la Sentencia C- 319 de 1996, que normó el delito de enriquecimiento ilícito tal como lo conocemos hoy, varió su posición para se pudieran sancionar a los actores del escándalo político. Podríamos decir que de esta gama de medidas punitivas especiales, y el conjunto de decisiones judiciales que la respaldaron y ejecutaron, inauguraron lo que se conoce como el “derecho penal del enemigo”. Por ello, valdría la pena preguntarnos en esta parte: ¿es la decisión judicial neutral?

La parapolítica, tan necesaria en algunos casos puntuales para la sanidad de nuestras costumbres electorales, terminó por afectar la correcta e imparcial administración de justicia y la dogmática penal cuando la Corte Suprema, Sala Penal, se erigió como el pueblo sobrio que defiende al pueblo borracho y, en muchos casos, para poder sancionar a los congresistas que habían renunciado a su curul para ser juzgados mediante el proceso ordinario, varió su jurisprudencia para conocer de estos procesos, aún en aquellos casos que ya habían sido fallados por los jueces penales del Circuito, fungiendo como su segunda instancia, subvirtiendo la ley de forma ostensible.

Pero, igual vergüenza ha sufrido la teoría de la argumentación jurídica, suplantando los medios de prueba. En un país que se ha caracterizado por los escasos medios criminalísticos para la investigación judicial, los jueces no han tenido otro remedio que abusar de la prueba indirecta o indiciaria. Los procesos son tratados de inferencias lógicas y reglas de la experiencia. La suerte de los procesados no corre a cuenta de pruebas objetivas que le enrostren su conducta, sino de apreciaciones subjetivas del juzgador, de “su sana critica”. Volvemos y hacemos la pregunta: ¿es la justicia imparcial?

Hay otro hecho trascendental en la historia del país que ha afectado la adjudicación del derecho, la política, la sociedad y todas las manifestaciones de la vida, y es la contra mayoritaria aprobación del Acuerdo de Paz. Con la ausencia de un espacio público, abierto y transparente para decidir en el desacuerdo antes de la aprobación del Acuerdo de Paz, nos ha quedado un país peligrosamente dividido en dos bandos irreconciliables, como ya lo habíamos advertido en un ensayo publicado en academia.edu.co titulado ‘El tiempo de política’. Allí dijimos que para escritores como Jeremy Waldron, a diferencia de John Rawls, no es solamente la justicia la que opera en ciertas circunstancias especiales como la escasez moderada y el altruismo limitado, sino que a la política también le ocurre algo similar, es decir, hay circunstancias de la política, y eso sucede para el filósofo, cuando existen desacuerdos en un tema sustantivo pero se requiere una acción colectiva.

Es innegable que el poder judicial tomó partido a favor del proceso de paz. Las decisiones de la cabeza orgánica de esa rama del poder público así lo demuestran. La posición jurisprudencial de la Corte Constitucional en temas como la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, una figura extraña al diseño institucional de la Carta Política, tan defendido por esa corporación, y el aval al delito de narcotráfico como conexo, dan cuento de ello, por dar dos ejemplos. De igual forma, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en el caso Santrich.

Es innegable que el expresidente Uribe fue y ha sido el principal opositor al Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de las Farc y eso lo ha colocado en curso de colisión con muchas instituciones públicas y privadas del país. Por eso Colombia, antes que procesar a Uribe con un expediente farragoso, lleno de inferencias lógicas y reglas de la experiencia, lo que requiere es una acción colectiva que nos lleve a un acuerdo sobre lo fundamental. No es tiempo de la justicia, sino de la política. Si fuese tiempo de la justicia no tuviéramos a nuestros verdugos en el Congreso de la República sino presos o extraditados.

Entre tanto… como dice una periodista capitalina, trascribo unos apartes de una conversación entre el senador Cepeda y el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, abonadas en la providencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para luego hacerle unas preguntillas.

Esta conversación esta extraída de una llamada que le hizo el testigo al senador. Aquí se dirige Monsalve Pineda al senador Cepeda:

“Señor y la otra que sí, que quede donde yo quede, que yo mismo haga la comida, porque es que si Ud. aquí traen la comida por allá del rancho y me da tanta verraquera comerme la comida aquí, que donde de pronto me pueda quedar de pronto que me dejen entrar la comida que me dejen entrar con que hacerla y que yo tenga ahí con que hacerla lo que es un fogón y la nev… que me vuelvan a dejar entrar una nevera o no sé, que yo mantenga las cositas ahí pero que nadie me haga la comida, que yo mismo me hago la comida porque esto se puede complicar muy feo, yo sé que esto, esto esa gente va a tomar una represalia dura contra mí,

“Ah, bueno señor, le agradezco mucho, ehhh será que a este señor Pablo, será que, será que lo pueden traer pa’l lado mío, también pa’ que, para preparar la comida con él y eso si pa’ uno cuidase uno así con él, me da verraquera a él también que le pase alguna cosa allá abajo, o no sé pues si tara en Combita o si donde estuviera pues para que lo ubicaran para poder estar con el hombre y que no le vaya a pasar nada también a ese señor”.

Preguntas:

1.- ¿Es posible que un senador de la República le conteste así de fácil a un delincuente?

2.- Es entendible que usted le ayude al testigo a proteger su vida si se encuentra en peligro, pero, ¿eso también conlleva a que usted le consiga privilegios en la cárcel y trato especial?

3.- En la conversación el testigo manifiesta que viene gozando de privilegios y trato especial en la cárcel, por ello pide que le vuelvan a dejar entrar la nevara. Si antes de esta llamada todavía no había sido abordado para que se retractara del testimonio, ¿a cambio de qué usted le otorgaba esos privilegios? ¿Podría explicarnos por qué razón le habían quitado la nevera?

4.- ¿Quién es ese señor Pablo que el testigo pide que le traigan? En la conversación se denota que usted y el señor Pablo son conocidos; explique las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se conocieron.

5.- En la conversación el testigo manifiesta que usted tiene poder en el sistema carcelario para trasladar presos aún fuera de la cárcel de Combita. ¿Cómo explica usted eso? ¿A través de quién usted ejerce ese poder?

6.- ¿Desde cuando usted viene usando su investidura de senador de la República para otorgarle prebendas a este delincuente y cuál ha sido su especial interés en dárselas?

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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