Esto opino

Comunicaciones inmunes

Por Enrique del Río González *

Últimamente, las noticias en Colombia han girado en torno a los múltiples procesos judiciales que llaman exageradamente la atención de la prensa. Los temas en debate son cada día más delicados y especializados, pero las opiniones se muestran tan variadas que la comunidad transita por una incertidumbre casi que insuperable.

Creo que es el momento para emitir, en cualquier contexto, conceptos objetivos sin sesgos que nublen el buen juicio.

Un tópico recurrente es la posibilidad de interceptar y usar las conversaciones del abogado con el cliente. Aquí es imperativo mostrar el panorama jurídico general: las leyes procesales en materia penal son contundentes en señalar que “por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor”. Dicha prohibición no tiene discusión y guarda relación con sólidas garantías constitucionales tales como la intimidad, defensa y secreto profesional.

Quien sea procesado por un delito tiene derecho a la defensa. Ello hasta ahora no tiene discusión y ojalá no la tenga. Esta prerrogativa implica contar con un letrado, no de adorno, sino justamente para recibir los consejos legales a que haya lugar. Para lograr esta finalidad es ineludible que se garanticen y protejan las conversaciones con el defensor; estas últimas son catalogadas íntimas y están relacionadas con la reserva profesional, tal como se señala la Corte Constitucional en sentencia C – 301 de 2012: “La conexión evidente entre el secreto profesional y otros derechos fundamentales fortalece, aún más, el derecho a la intimidad y el mandato de inviolabilidad de las comunicaciones privadas… Ello es aún más evidente cuando se lleva a cabo la relación entre el abogado y su cliente, pues en este evento el secreto tendrá un vínculo inmediato y adicional con el derecho de defensa”. La única excepción ante el sigilo es la de evitar la comisión de un delito.

Este criterio no es arbitrario, es compartido por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que dentro de la providencia de 7 de febrero de 2017, radicado 34099 indicó: “…cuando se interceptan las comunicaciones del abogado-cliente, o en sentido inverso; o cuando al proceso se allegan comunicaciones producto de intervenciones a las líneas empleadas por el encartado con su defensor, tienen que ser descartadas, y dar prevalencia al derecho de defensa y al secreto profesional…”                  

Hasta hoy es pacífico el reconocimiento de la inmunidad de estos diálogos y resulta un despropósito tratar de normalizar la intromisión indebida. Debemos recordar que las garantías son conquistas históricas generales y su limitación o anulación representa un retroceso en perjuicio de la sociedad que hereda los odiosos precedentes. Y, como siempre, el costo más grande lo pagarán los justiciables de ruana.    

Abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; especialista en Derecho Probatorio. Magister en Derecho. Profesor Universitario de pregrado y postgrado. Doctrinante.

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