Esto opino

Elogio a la dificultad

Por Rafael Vergara Navarro *

Como autoridad, abriéndonos de la orilla del Dique, recuerdo la nombrada de madre en coro y la piedra lanzada contra mi cabeza con rabia asesina cuando, hace 25 años, sorprendimos a los mangleros de Pasacaballos que, vencidos en juicio, seguían talando y evadían la sentencia de Tutela que protegió los manglares por encima del derecho al trabajo. Vendían porque los constructores compraban y el control era ineficiente. Ejercimos con las fuerzas armadas autoridad, construimos consensos y erradicamos su uso en la construcción.

Intermitencia administrativa, clientelismo,  corrupción, desprecio a lo ambiental,  inhibiciones y preclusiones de las denuncias penales y ausencia de sanciones administrativas, aceleró la invasión multiestrato, la impresionante y soberbia destrucción del recurso y el masivo mal uso del territorio.

Para salvarlo y ejercer la autoridad, el agresor -con sanción – y la sociedad tienen que interiorizar y rechazar lo delictivo en la ocupación de zonas de bajamar, y el Estado fortalecerse recuperando con esfuerzo local y nacional el ambiente y la gobernanza de la zona costera, lo que exige de parte de la Nación compromiso, recursos y permanencia.

Lo digo porque la motivación del daño y la intervención es diferenciada y complejo su abordaje que tiene que hacerse por estrato, unos ocupan por necesidad otros por negocios. Hay culpa y dolo.

Las denuncias llegan de Punta Arena, Caño de Loro, Bocachica, Barú, Santa Ana, Arroyo Grande, las ciénagas y se traslada la queja. Lo que pasa es consecuencia de lo que no se hizo y la reacción ciudadana obliga a responder con contundencia.

El ecocidio en Tierrabaja y Puerto Rey no puede ignorarse y menos lo que encierra. ¿Cómo así que en una titulación colectiva, debiendo colaborar en la protección de los bienes de la Nación, no haya reacción y sí ausencia de denuncia?  

Además de agresiones verbales no sé si alguna piedra apunta a mi cabeza, pero vamos a seguir exigiendo responsabilidad y acatamiento a la Ley. No callaremos porque es injustificable la ‘legalidad’ de la invasión con negociables escrituras de posesión de lo imposeible. Infame que se me acuse de perseguir a la comunidad por exigir cumplir con el Título Colectivo y la Ley 70,  protectores del ambiente.  

Otras acciones del Ecobloque muestran la informalidad o ilegalidad defendiéndose. Entre los manglares de Juan Polo el alcalde local con validación de Capitanía recupera y a los 10 días con escritura de Edurbe de 2007 (?) nos alegan propiedad. ¿Tan lejos llega su ‘jurisdicción’ privatizadora? En Manga, en el Caño de Bazurto, un taller en zona de bajamar lleva años contaminando y al iniciar una ciudadana exhibe una escritura de ‘propiedad’ del 2020. Finalmente, al interior del manglar de Caño Luisa un largo camino, casa con aire acondicionado, agua gratuita, energía solar y sabalera casi de dos hectáreas en posesión usurpada y notarizada. Una empresa piscícola sin control y ventas informales. Ni se mosqueó; su escritura de posesión lo justifica. Somos campeones de lo insólito: en la margen izquierda del anillo vial donde ya no hay boquilleros con la perspectiva de la vía de servicio buscando indemnización algunos corrieron la fachada hacia la berma, a otros la Policía les frustró la repugnante viveza.

Hay que realizar la Cumbre de Poderes Públicos que aplazó la pandemia para abordar con posibilidad de éxito uno de los más grandes retos: la recuperación y la legalidad del uso del suelo invadido por ricos y pobres.

* Abogado, ambientalista y coordinador del Ecobloque del Distrito de Cartagena

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