Esto opino

La gentrificación de La Boquilla

Por Agustín Leal Jerez *

Ya hemos advertido en varias columnas -casi a nivel de catilinarias – que la pobreza y la desigualdad en el Distrito de Cartagena pasan primero por la iniquidad en el ordenamiento territorial. Esta política pública, ejecutada de forma inapropiada, rompe la neutralidad que debe tener el territorio y es una de las causantes del extrañamiento social en Cartagena.

Para colmo de males, ahora se le agrega un nuevo elemento a la ecuación, y es que el poder judicial ha entrado a terciar como otro ente formulador de la política de ordenamiento territorial distrital. Respetamos pero no compartimos la decisión del Tribual Administrativo de Bolívar en la sentencia de primera instancia en donde declaró nula, con efectos ex tunc, la titulación colectiva de las tierras del corregimiento de La Boquilla.

Parte la Corporación para afincar su fallo en que el Incoder carecía de competencia para declarar la titulación colectiva por el hecho de que la zona titulada del corregimiento de La Boquilla pertenece al suelo urbano del Distrito y no al rural. Y para ello esgrime la siguiente argumentación:

Con fundamento en una certificación expedida por la Secretaría de Planeación de fecha, 21 de julio de 2007, donde expresa que La Boquilla “se encuentra dentro del área indicada y delimitada en el plano de uso de suelo PFU 5A como actividad mixta 2 (M2) y se le aplica las normas contenidas en el Decreto No. 0977 de noviembre 20 del 2001 -POT”, remitiendo además al cuadro de reglamentación No. 7 que norma la ACTIVIDAD MIXTA EN EL SUELO URBANO Y SUELO DE EXPANSIÓN.

El Tribunal, muy a pesar de declarar que la certificación no es explícita, concluye que La Boquilla pertenece al suelo urbano del Distrito con base en que el plano a que hace referencia dicha constancia es uno de los planos de formulación urbana-PFU.

En esta parte se hace necesario precisar la diferencia que existe en la cartografía del POT entre un plano de uso del suelo y uno de clasificación del uso del suelo. El segundo de ellos se refiere a las diferentes clases del suelo en que está dividido el territorio (urbano, de expansión urbana, rural, suburbano y de protección), mientras que el primero hace mención a las diversas actividades económicas que se ejecutan en cada uno de ellos. La certificación expedida no acredita ni puede acreditar si La Boquilla es rural o urbana sino, simplemente, el tipo de actividades que allí se pueden desarrollar. Por ello, se confunde en esta distinción el Honorable Tribunal.

Desacredita el Cuerpo Colegiado otra certificación expedida por la Secretaría de Planeación incorporada al acto administrativo declarativo de la propiedad colectiva, en donde esta entidad afirma de forma técnica y determinante que el corregimiento de La Boquilla no hace parte del suelo urbano del Distrito, enunciado en el artículo 50 del POT, con el argumento de que el artículo 51 del mismo estatuto señala cuatro cabeceras corregimentales del Distrito de Cartagena que hacen parte del suelo urbano, dentro de las cuales se encuentra La Boquilla.

La esencia del ordenamiento de una ciudad la constituyen la clasificación general del suelo y el modelo de ocupación, que es donde se concretan los objetivos, políticas y estrategias de los planes de ordenamiento territorial.

Dentro del modelo de ocupación del componente rural de todo plan de ordenamiento, por una ficción de la Ley, consagrada en el artículo 31 de la Ley 388, a ciertas cabeceras corregimentales se les da “el tratamiento” de urbanas sin que por ello pierdan su carácter rural. Para este efecto, en el Distrito se pueden consultar los planos del POT, formulación general del territorio-PFG, 5/5 y 1/5 del modelo de ocupación del territorio.

En el Distrito se le ha dado ese carácter a La Boquilla, Pasacaballos, Bayunca y Bocachica. No quiere decir ello que Bocachica, por dar un ejemplo, para todos los efectos legales se considere suelo urbano equiparable al del perímetro urbano de la ciudad de Cartagena.

Para prohijar más su tesis el juez administrativo hace una interpretación extensiva del artículo 122 del POT que habla del suelo de expansión, definición y límites para concluir que: “Así pues, de acuerdo a la definición del suelo de expansión que viene de transcribirse, este corresponde a un suelo que se prospecta como suelo urbano del Distrito, en razón a que aún no ha sido urbanizado, de ahí que se pueda sostener, sin ambages, que según las normas del POT, el Corregimiento de La Boquilla en pleno no corresponde a suelo rural, pues su cabecera, según la regla 51, categóricamente ha sido clasificada como suelo urbano del Distrito de Cartagena, en tanto que los demás territorios aledaños (que la circundan), vienen a definirse como suelo de expansión, según el artículo 20 ejudem

La clasificación del suelo como de expansión, no viene dada en los planes de ordenamiento territorial por definición, sino por clasificación y delimitación precisa, a través de coordenadas y planos que hacen quienes formulan y adoptan dichos instrumentos. No se puede partir de la base errada de que todo suelo que no ha sido urbanizado es de expansión, porque dentro del suelo urbano y el rural existen los suelos de desarrollo, que precisamente, cumplen con esa condición.

Pasa por alto el juez administrativo las numerosas referencias que hace el POT a la pertenencia al suelo rural del corregimiento de La Boquilla, sin distinguir qué parte tiene el ‘tratamiento’ de urbana y qué otra el de rural. Veamos dos ejemplos: 

Objetivo No. 4 del POT, “Fomentar la vocación turística sostenible en los corregimientos de las islas de Tierrabomba y Barú, y La Boquilla, así como en Pasacaballos, teniendo en cuenta las posibles ofertas turísticas del Canal de Dique y su acceso multimodal”.

“Vía del Mar (Ruta 90-A, Nacional). Sirve de enlace con Barranquilla y con toda la región costera. Ésta vía entra a la ciudad por la zona norte, pasando por el corregimiento de La Boquilla…”

Sigue la trama jurídica con una disquisición sobre los tratamientos urbanísticos en donde figura La Boquilla con tratamiento de Mejoramiento Integral y de Renovación Urbana, para abundar en detalles que demuestren de que se trata de un suelo urbano; pero su ‘tratamiento’ de urbano en nada desdice que dentro del modelo de ocupación del territorio distrital pertenezca al suelo rural.

Para dar santa sepultura al sueño de los boquilleros con su propiedad colectiva, remata el Tribunal despojando de valor normativo a una certificación expedida por el exsecretario de Planeación, Javier Mouthón, arrimada por el Incoder, en donde manifiesta que de conformidad con el Acuerdo Distrital 006 de 2003, a través del cual se establece la División Política y Administrativa del Distrito, la zona a declarar bien colectivo se encuentra dentro de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de La Boquilla, porque dicho acuerdo distrital no tiene la entidad para modificar al POT, que según el decir de Corporación lo clasificó como urbano.

Nada más falaz que este argumento. Uno de los objetivos del POT en sus componentes urbano y rural, es precisamente, la “Descentralización, participación y modernización de la gestión de la administración Distrital”, para lo cual dispuso en su artículo 542: “Corresponderá a la Secretaría de Planeación Distrital iniciar las acciones y gestiones necesarias para la actualización y propuesta de reorganización de la actual subdivisión territorial y administrativa por comunas y corregimientos del Distrito, en consonancia con las nuevas disposiciones de este Decreto sobre objetivos, estrategias y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial y clasificación general de suelos”… “El proyecto correspondiente deberá ser materia de estudio y aprobación por parte del Concejo distrital, a iniciativa del alcalde distrital”.

Es decir, que el despreciado Acuerdo Distrital 006 de 2003 no es más que un desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial Distrital, dispuesto por el mismo estatuto para cumplir con sus objetivos, políticas y estrategias relacionadas con su modelo de ocupación, dentro de la cual está la división político-administrativa del Distrito, a través de la cual se ejecutan las políticas públicas del ordenamiento del territorio. Esto coloca a este acuerdo en el mismo nivel que el POT, y como norma especial y preferente en cuanto a todo lo normado en dicho acuerdo.

Permitir que desaparezca el titulo colectivo de propiedad es autorizar la gentrificación de La Boquilla con las consecuencias sociales que esto conllevaría.

Ya con el Covid-19 hemos tenido suficiente para incrementar la pobreza y desigualdad en el Distrito.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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