Historias

Lo que hubo y no se dijo de la investigación disciplinaria por el caso Aquarela

Además del drama que vive el mundo por la pandemia del Covid-19, Cartagena padece una situación muy particular: sobre su alcalde y varios de sus más cercanos colaboradores pende una espada de Damocles que podría en cualquier momento caer y hundir a la ciudad -una vez más – en un periodo de desinstitucionalización.

Por una serie de hechos de los cuales se ha informado profusamente tanto en medios de comunicación como a través de las redes sociales, las lupas de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría están puestas sobre el Ejecutivo distrital, y algunos casos -por la gravedad de lo que se ha podido conocer – hacen pensar que, en cualquier momento, la Ciudad Heroica podría verse abocada a una nueva interinidad.

Uno de esos casos -por lo visto – va camino a producir consecuencias en menos tiempo del previsto.

Como se sabe, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, a los secretarios de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda, y de Planeación, Guillermo Ávila Barragán, y al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello Rubiano, por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó la restitución de un espacio público ocupado irregularmente por el edificio Aquarela

La decisión también cobija al exalcalde Pedrito Pereira Caballero, a los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón Muñoz, y de Planeación, Iván Castro Romero, y otros tres exfuncionarios de la Administración anterior (leer ‘Apertura de investigación disciplinaria por caso Aquarela‘).

Se sabe -y se ha dicho – que la apertura de esta investigación formal la tomó el ente de control disciplinario por recomendación que hiciera el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, al procurador Fernando Carrillo Flórez (leer ‘Informe con fines disciplinarios‘).

Lo que no se ha dicho es que Gómez Lee recomendó la apertura de una indagación preliminar:

pero al parecer, por considerar que es evidente que el Ejecutivo ha presentado acciones dilatorias para el cumplimiento de claras órdenes constitucionales y policivas y, sobre todo, no ha cumplido con su deber de aplicar la medida correctiva de demolición establecida en el artículo 94 del Código Nacional de Policía, el Ministerio Público tomó una decisión mucho más drástica y determinante: abrir una investigación disciplinaria formal: 

De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, las pruebas aportadas por el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, llevaron a la procuradora primera delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina Balcázar Salamanca, no solo a inferir que se encontraba muy posiblemente ante un hecho con graves y gravísimas faltas disciplinarias.

Además -por lo visto – dichas pruebas fueron tan contundentes que la funcionaria creyó innecesario abrir una indagación preliminar y, por ello -de forma inmediata – procedió a adelantar una investigación formal.

Asimismo, de acuerdo con las mismas fuentes, es un hecho que el caso que se investiga tendría eventuales connotaciones penales.

En el correspondiente auto, la Procuraduría requirió a la Fiscalía Seccional de Cartagena un informe detallado y documentado de la investigación que adelanta por el mismo caso Aquarela.

Como se recordará, este mismo mes la Procuraduría abrió pliego de cargos al Curador Urbano No. 1 de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, y al exgerente (e) de Corvivienda Luis Alberto Vélez Carrasquilla, por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de dicho proyecto inmobiliario (leer ‘Comunicado de Prensa Procuraduría‘). 

“Yo necesito que un juez me diga: ‘tumba ese edificio'”: Dau

En declaraciones a CM& y otros medios de comunicación, el alcalde William Dau señaló sobre el caso que “esto no es un argumento nuevo; esto ya estamos con un rifirrafe con la Procuraduría desde hace varios meses. Yo afirmo que para el Distrito de Cartagena no se puede tumbar con la sola orden de un inspector de Policía diciendo ‘restituya un espacio público’ que constituye solo un pedacito de lo que es el edificio en total. Solo un pedacito está salido“.

Yo necesito que de manera tajante, expresa, un juez me diga: ‘tumba ese edificio porque no hay nada más que hacer’“, recalcó el burgomaestre.

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