Esto opino

Procuraduría Multitask

Por Uriel Pérez Márquez *

Durante los últimos días hubo en todo el país una gran expectativa por la elección de la persona que deberá reemplazar al actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Y no era para menos: la Procuraduría, como se sabe, se encuentra en la cúspide del control en Colombia.

Y en la tarde de ayer, 27 de agosto de 2020, se oficializó la esperada elección: con 83 votos fue elegida como nueva procuradora General de la Nación la doctora Margarita Cabello Blanco, quien había sido postulada o candidatizada por el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.

En teoría, su forma de elección patentiza y reafirma la separación de poderes y el trabajo armónico y coordinado de las ramas del poder público. La Carta Política, en su artículo 118, nos señala que el procurador general de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, los candidatos los proponen la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial, mientras que su elección la hace la Rama Legislativa.

En la práctica, que a veces puede distanciarse de las buenas intenciones del constituyente, este sistema de escogencia es visto como una oportunidad para medir la fuerza y simpatía del ejecutivo nacional frente a la solidez y respeto del poder judicial, a instancias de los naturalmente políticos senadores. Sobre esto, y los inevitables reparos a la falta de independencia que de allí se pueda generar, no nos detendremos hoy.

Lo que se resalta en esta ocasión es que el Ministerio Público, que es ejercido por el procurador general de la Nación, por el defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y demás agentes ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la Ley, es al que corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, como lo establece el artículo 275 de la Constitución Política.

De lo anterior se desprende que este importante órgano de control, que NO pertenece a la Rama Judicial NI a la Rama Ejecutiva, cuya evolución ha significado la asignación de diversas funciones que van desde la tarea de persecución criminal hasta el actual ejercicio de la función disciplinaria, las funciones de intervención y, relativamente hace poco, las de participación en conciliaciones, todo ello bajo un marcado rasgo de multiplicidad, le confieren a su titular un rol que cada vez se expande en diferentes aspectos del Derecho. En palabras más modernas, el procurador está llamado a ser multitask.

Esta participación en los procesos disciplinarios, como vigilante de la conducta oficial de los ciudadanos que desempeñan funciones públicas, en los procesos contencioso administrativos, en los de familia, en los penales, en los civiles y agrarios, entre otros, en ejercicio de las funciones de intervención, al lado de las funciones de guarda y promoción de los derechos humanos, han levantado incontables críticas por muchos sectores.

Dentro de los argumentos académicos más recurrentes de los críticos, como el profesor Rodrigo Uprimny, es que hay una reproducción de funciones que ya vienen siendo ejercidas por otras instituciones públicas que podrían desarrollarlas de manera más especializada y eficiente.

Esta sobrecarga de atribuciones puede resultar, además de antitécnica, lesiva para la defensa de las garantías de los ciudadanos.

* Abogado, docente universitario

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