Esto opino

El traslado del expediente

Por Anthony Sampayo Molina *

La seguridad jurídica ha de ser uno de los más básicos y trascendentales principios que ostente un Estado de Derecho. Este concepto, que imprime confianza a la sociedad con respecto a las reglas a las cuales está sometida, permite que sus individuos desarrollen su vida de tal manera que sean conscientes de las leyes a las cuales deben amoldarse.

Con el caso Álvaro Uribe se ha desatado un debate que, forzosamente, se sustenta en un cambio o modificación de postura con respecto a la competencia que tiene la Corte Suprema para conocer de procesos penales en contra de aforados, por cuanto dentro del marco normativo y jurisprudencial que nos rige hoy en día claramente se puede deducir que, en el contexto fáctico sobre el cual gravita el caso del exsenador, debe trasladarse el expediente a la justicia ordinaria por la ausencia de fuero y/o relación funcional con la conducta. Conclusión a la que se arriba claramente por lo preceptuado en el parágrafo del Artículo 235 de la Constitución Política de Colombia, que hace una salvedad con relación al tema, estableciendo que: “cuando los funcionarios antes enunciados (dentro de los que se incluyen a los congresistas) hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.

Como se encuentra establecido en nuestro país, la Ley es la principal fuente de interpretación jurídica, seguida por la jurisprudencia como criterio auxiliar pero vinculante; bajo este contexto, y como quiera que, por mandato del Artículo 122 de la Constitución Política, no podrá existir empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, para establecer la existencia o no de una relación funcional entre el rol de senador con la conducta endilgada al expresidente Uribe, necesariamente debemos echar mano de las normas que regulan el cargo de congresista y no hacer elucubraciones reforzadas, como que sobre el tema se habló en alguna sesión en el Congreso o que miembros de la UTL supuestamente participaron en los hechos.

Para auscultar sobre las funciones de los congresistas debemos remitirnos a la Ley 5ª de 1992, la cual contiene el reglamento del Congreso: Senado y Cámara de Representantes, siendo de especial importancia el Artículo 6º que clasifica sus funciones, enumerándolas así: Función Constituyente, Función Legislativa, Función de Control Político, Función Judicial, Función Electoral, Función Administrativa, Función de Control Público y Función de Protocolo.

Así la cosas, podemos arribar de entrada a la conclusión que lo preceptuado por el parágrafo del Artículo 235 de la Constitución hace referencia a las conductas punibles cometidas en desarrollo de las funciones acabadas de referenciar, es decir, hablamos de Delitos Especiales Propios, con un Sujeto Activo Cualificado y no de tipos penales comunes, tal como son el de “Soborno en Actuación Penal” (artículo 444-A) y fraude Procesal (artículo 453), que son por los que se investiga al exsenador, y que no tienen nada que ver con la función de congresista.

Si bien es cierto, esta posición rígida y casi que objetiva fue morigerada un poco en el año 2009 con el cambio de postura jurisprudencial a través del Auto 31653, debemos igualmente decir que dicha amplitud en la interpretación, y que permite conservar la competencia de la Corte aún cuando ya no se ostente el fuero de congresista, no alcanza para cobijar el caso de Uribe, por cuanto este pronunciamiento sigue gravitando sobre el concepto de delitos propios a los que ya se hizo mención, con la diferencia de que extiende el ámbito de competencia para conocer, igualmente, sobre aquellas conductas punibles que tengan relación con la Función Pública, y no solo con la de congresista.

En un aparte muy importante de esta providencia, la Corte determina en cuáles casos el delito tiene relación con la función pública, así: “(a).- cuando se realiza por causa del servicio, (b).- con ocasión del mismo, (c).- o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones”. Luego, entonces, si tomamos en cuenta el aspecto fáctico sobre el cual gira la actuación, observamos que el reproche recae sobre maniobras supuestamente irregulares, realizadas a través de terceros, tendientes a influir en procesos penales particulares que se adelantan en contra de Álvaro Uribe, por hechos que datan de muchos años atrás y que no tienen ninguna relación con Función Pública alguna.

Una de las claves de la justicia es actuar al margen de quien se esté juzgado. Justamente allí recae la majestad de la función de administrar justicia. No podemos personalizar procedimientos ni relativizar principios tomando en consideración a la persona.

Los parámetros tanto legales como jurisprudenciales están ahí y, si se decide aplicarlos, a menos que se cambie nuevamente de postura para regular este caso, el proceso de Álvaro Uribe debe ser remitido a la justicia ordinaria y tramitarse bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio Colombiano.  

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

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