Esto opino

La imperturbable torre del Aquarela

Por Agustín Leal Jerez *

Con las últimas declaraciones del alcalde Dau, en relación con la suerte de la cuestionada demolición de la torre del edificio Aquarela, donde manifiesta, de forma absoluta, que solo con la orden de un juez de la República procederá a su demolición, la inhiesta torre queda imperturbable en su sitio por los siglos de los siglos.

No es cierto que las órdenes de Policía no tengan la suficiente fuerza jurídica para ordenar una demolición, como se ha dejado entrever por parte del mandatario distrital. Una orden de Policía fundamentada en la Ley y observando el debido proceso bastaría para que cualquier construcción ilegal sea demolida. Si la Administración distrital no está conforme con su propio acto, o no cree que es competente para proferirlo, debe proceder a revocarlo. Lo que extraña de la Administración distrital es que no haya buscado otros medios y recursos legales para quitarle ese adefesio de la vista a los cartageneros y cartageneras, colocando en riesgo, de paso, la condición de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

Hemos dicho en varias columnas publicadas en este mismo medio que no compartimos la orden de recuperación del espacio público por parte de la Inspección de Policía de la Comuna 2, no porque la orden de Policía sea una medida ineficaz para ordenar la demolición de un inmueble construido indebidamente, o porque las Inspecciones de Policía no tengan competencia para ello, sino porque, lamentablemente, la Inspección de Policía erró en la interpretación de las normas de espacio público distritales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – al proferir la orden de demolición.

Las normas del POT prohíben que se construya en los antejardines (franja de terreno privado entre el andén del sistema vial y la línea de paramento de una edificación), pero admite que, a partir del segundo piso, se pueda construir en ese espacio, pero en voladizo, es decir: en forma de visera. Por ello, consideramos un error craso que la Inspección de Policía haya identificado la zona invadida del espacio público (antejardín) en 32.19 M2, pero luego la haya multiplicado por los 25 pisos construidos de la edificación.

La Administración pública, y las autoridades de Policía, jamás pueden quedar atadas a sus errores. Existen numerosas jurisprudencias al respecto. Por lo tanto, advertida de su yerro, lo que corresponde es proceder a su enmienda. Porque si la Administración distrital no comparte nuestro criterio, y tiene argumentos sólidos que respaldan la invencibilidad jurídica de su decisión, y esta se encuentra debidamente ejecutoriada, entonces la situación legal de los servidores públicos involucrados en hacer cumplir esta orden de Policía estarían en graves aprietos penales y disciplinarios, porque estarían estructurando el tipo penal de fraude a resolución judicial y administrativa de policía, que contempla nuestra legislación penal, y que aunaría, también, una falta disciplinaria gravísima.

Mientras la orden de recuperar el espacio público proferida por la Inspección de Policía de la Comuna 2 se encuentre vigente y ejecutoriada, la Administración Dau no tiene otro camino distinto que hacerla cumplir. Pero da la impresión de que el alcalde está más interesado en desconocer las competencias de la Procuraduría General de la Nación para disciplinarlo, y desafiar la autoridad del procurador Carrillo, que en buscar una pronta solución jurídica a este grave problema que avergüenza a la ciudad, a Colombia y al mundo entero.

Señor alcalde, no deje a Cartagena sin gobierno y a la deriva, ya hemos sufrido mucho con las administraciones interinas. No le busque cinco patas al gato.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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