Esto opino

Aconductarnos

Por Rafael Vergara Navarro *

El desconfinamiento y la apertura ante la pandemia llegó con contundentes decisiones judiciales y administrativas, que por sus efectos mutarán el statu quo y permitirán escalar realidades conflictivas.

Estamos en La Boquilla ante la reacción a una sentencia que anula a la comunidad afrodescendiente la titulación colectiva, y una resolución administrativa que falla y ratifica que los títulos presentados por el Hotel Las Américas no son oponibles al Estado, por ser una ocupación en zona de bajamar no prescribibles. En ambos casos hay ocupación, uso, característica del suelo y el dominio en un territorio donde hay baldío adjudicable y Bien de Uso Público -BUP, ambos imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

La sentencia que declara la nulidad del título colectivo lo hace porque en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – se consideró La Boquilla como zona urbana y la titulación colectiva, por tratarse de comunidades ancestrales, solo es viable en zonas rurales. Así no lo validó el Incoder –hoy Agencia Nacional de Tierras – que adjudicó la titulación de un baldío rural en un corregimiento. Lo crítico es que al interior del baldío está la Ciénaga de la Virgen (BUP) y sus manglares, que, en vez de protegidos, como dice la Ley 70 y exigen comuneros conscientes, han sido talados, las aguas rellenadas, ocupadas ilegalmente y hasta vendida a foráneos. El ecocidio en Puerto Rey y Tierra Baja es un abuso a la titulación colectiva y la restauración compromete a la comunidad. Basta de desacato en Marlinda y Villagloria y de Hernán Joel Bohórquez. Es clave la sentencia CSJ 1727/2016 que determina que la acción contra las prescripciones en BUP no caduca.

Dimar, con la Resolución 0258 de 2020, rechazó a Las Américas la prescripción alegada y la venta de Edurbe como propiedad, y con su jurisdicción ratificó que la Ley es para todos, solicitando al alcalde la restitución del bien de uso público. Nada está en firme; las apelaciones ante el Consejo de Estado y la Dimar están cantadas.

La semana cerró con la sentencia de la Acción Popular que auxilia a la Bahía de Cartagena y ordena a Minambiente, Alcaldía, Dimar, Cardique y Epa que en seis meses se elabore el Plan Maestro de Restauración Ecológica, con su plan de corto plazo de 1 a 3 años y de mediano a 5. El proceso de articulación vigilado arranca porque los entes se reconozcan sin excusas en las 122 páginas del fallo y acepten que lo hecho ha sido insuficiente. Las obligaciones impuestas exigen aconductarnos y aconductar a los usuarios y beneficiados de los 80 kilómetros cuadrados del cuerpo de agua, objeto de tránsito de naves, vertimientos y agresión y apropiación de orillas. Estudio de capacidad de carga ¡ya!, y ni un abuso más.

Que el plan de ordenamiento marino costero, entre otras, conduzca a la solución sanitaria de las poblaciones insulares. Por supuesto que el control de sedimentos del Canal del Dique sea una realidad en el mediano plazo.

* Abogado, ambientalista y coordinador del Ecobloque del Distrito de Cartagena

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