Esto opino

La mala hora de Uribe

Por Agustín Leal Jerez *

Con la decisión tomada por la Fiscalía General de la Republica, negando la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y señalando que el procedimiento aplicable para solicitarla es el establecido en el régimen penal acusatorio, Ley 906 de 2004, luego de que la Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia le remitiera el expediente, son muchos los asuntos procesales que van quedando en claro.

Compartimos plenamente la posición de la Fiscalía, por la sencilla razón de que el Acto legislativo 01 de 2018, modificatorio del fuero de los congresistas, en el parágrafo del artículo segundo, expresa sin margen a interpretación que “el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.

El fuero consiste, en este caso, en que a los congresistas, por la naturaleza del cargo que desempeñan, se les asigna un régimen penal excepcional, y un juez especial. La norma penal que se les aplica es el antiguo estatuto penal, o sea la Ley 600 de 2000, y sus jueces son las diversas salas penales especiales de la Corte Suprema de Justicia constituidas para tal fin. 

Obsérvese que lo que se pierde en su totalidad es el fuero, es decir, el procedimiento excepcional, y el juez especial, y no simplemente la competencia de la Corte Suprema de Justicia en sus diversas salas penales. Sería una interpretación absurda pensar que, en el caso Uribe, la Corte Suprema pierda la competencia y se mantenga el régimen excepcional.

Creemos firmemente que estas resultas están dentro del inventario y cálculos de la defensa del expresidente, de la cual tenemos un sabor amargo, porque nos duele sobremanera el desgaste que está sufriendo la imagen de uno de los hombres a quien más le adeuda el país. Colombia no sería la misma si no se hubiese implementado la política de seguridad democrática en tiempos donde imperaba el terrorismo de la subversión y el narcotráfico. No nos imaginamos al expresidente Uribe, sentado en un banquillo, a merced de cualquier juez de Paloquemao. En la tradición presidencialista de toda nuestra vida republicana no hemos vivido un caso semejante porque tanto el constituyente como el legislador han mantenido la majestad de la institución presidencial, por fuera del alcance de la justicia ordinaria.

No pretendemos de ninguna manera que Uribe sea juzgado. Pero es muy difícil conseguir un juicio justo e imparcial para un hombre a quien le ha tocado tomar las posiciones más radicales en la política y dirección del país.

Conocido es por todos el liderazgo del expresidente en la no aprobación del plebiscito del Acuerdo de Paz. Sabido es por todos que el anterior gobierno dividió al país en amigos y enemigos de la paz y que, dentro de esta estructura maquiavélica, el poder judicial tomó partido a favor de los acuerdos de paz con las Farc, como ya lo hemos señalado en otra columna publicada en este mismo medio.

El rasero con que se juzga al expresidente Uribe ha quedado evidenciado en la forma como se instruyó el proceso. La violación al principio de la investigación integral es palmaria. De la entrevista que realizó María Isabel Rueda al senador Iván Cepeda, en el diario el Tiempo, queda demostrado que este señor hizo exactamente lo mismo que Diego Cadena, abogado de Uribe. La diferencia está, simplemente, en que Cepeda fue más listo y actuó a través de una ONG. La validez de las pruebas obtenidas de una interceptación por error es una aberración sin precedentes judiciales en Colombia y el mundo. Violar la privacidad de la comunicación entre un abogado y su cliente, relativizándola, no solo es una violación a los derechos fundamentales del abogado y su cliente, sino que es una amenaza seria a la práctica de la profesión de abogado.

Pero si esto se cuece en los altos tribunales de la Nación, lo que le espera a Uribe en los despachos judiciales de baja instancia es aún peor. Para comenzar, es muy difícil que un juez de garantías o de conocimiento se aparte de los lineamientos que ha trazado dentro del proceso, su órgano de cierre, a quien está obligado, en la práctica, a seguir y respetar.  

Tampoco podemos perder de vista, bajo ningún motivo, que tanto los jueces de garantías como los de conocimiento son, además, trabajadores oficiales, la mayoría de ellos afiliados a los sindicatos que agrupan el poder judicial.

A Uribe los sindicatos y los trabajadores oficiales le achacan su desmejoramiento laboral y todos sus males: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 (reformas al sistema general de pensiones y disposiciones sobre regímenes pensionales especiales), Ley 860 del 2003 (ajustes al sistema general de pensiones), Acto Legislativo 1 del 2005 (eliminación de alcances pensionales en convenciones colectivas), Ley 1151 de 2007 (Colpensiones), además de sus abiertas posiciones sobre la justica en el país y su necesaria reforma. Sin perder de vista, desde luego, el respaldo que estas organizaciones le han dado al proceso de paz con las Farc.

Creemos por convicción democrática que los jueces deben ser imparciales cuando administran justicia, y que estos factores no deberían, en principio, ser óbice para que llevan a cabo un justo juicio en el caso Uribe, pero seguimos las voces de Oliver Wendell Holmes, exmagistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “la sentencia no puede más que plasmar la preferencia de un juez o de una corte en un lugar y en un momento determinado”.

Por las razones expuestas es que la mayoría de las democracias del mundo con regímenes presidencialistas han sustraído el juzgamiento de sus presidentes y expresidentes de la justicia común, independientemente de que se llamen Álvaro Uribe Vélez.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es aviso-tinaja-domicilios.jpg
Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Cerrar