Esto opino

Jaque mate

Escribir de ambiente con el país encendido por la violencia que carcome, duele y sangra el alma nacional, exige condenar los excesos: el grave abuso de la fuerza policial y la exaltada reacción autodestructiva. ¡Pido Justicia y clamo por la Paz!

Trabajemos para detener la continuidad de la crueldad vivida y la que vulnera la naturaleza. Los daños al Patrimonio Ecológico, la institucionalidad y a la convivencia son terribles. Inadmisibles la justificación, pasividad, subvaloración o tolerancia. Al decir de Francisco, son  “pecados contra la creación” y exigen reacción.

En la defensa de los bienes de uso público la situación en la ciudad es crítica. Está demostrado que vencer exige protección y vigilancia permanente al capital natural. Necesitamos a la Fuerza Pública (Artículo 103 Ley 99/93) y la decisión del fiscal general de fortalecer el compromiso e inteligencia para poder derrotar de raíz el crimen multiestrato.

Además del proceso en curso que valoramos y apoyamos, urge el máximo esfuerzo diario que pare el desborde del machete y el billete que destroza la integridad del territorio y lo ocupa.

Enriquecerse o aprovecharse de lo público es una herencia ilegal del clientelismo, su corrupción y ausencia de gobernanza. Venceremos fortaleciendo acciones y judicializando la urbanización ilegal.

La venta del suelo y de su futuro en Tierra Baja y Puerto Rey, y ni que decir en el resto de La Boquilla, son ejemplos del desacato a sentencias y de lo que no se vale.

Pese a las investigaciones, presencia, acciones y reunión con el Consejo Comunitario, persiste la ‘inmobiliaria ilegal’. El trazado de vías, la infraestructura y diseño en las grandes ocupaciones, dejan ver que el ‘suelo’ con árboles recién sembrados no es del comunero testaferro sino del de cuello blanco.

A propósito de la defensa de la Titulación Colectiva de La Boquilla que apoyo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras -ANT – reunida con 17 de los 21 consejos comunitarios de Cartagena se comprometió a resolver la titulación de 17 que no tienen. Con respeto a muchos de ellos, la ANT debe valorar lo que ha pasado con las zonas de bajamar que exige la Ley 70 y el título colectivo respetar y han sido abusadas, vistas como baldío adjudicable y ocupadas con escrituras de posesión de lo imposeible. Un reino de ilegalidad tolerada.

Superarlo exige adjudicar baldíos cuyo espacio de poblamiento o expansión no sean los manglares.

Entendamos la ingobernabilidad: en el comité de seguimiento a la sentencia que en 2016 ordenó por alto riesgo la reubicación de ambas comunidades, al comparar el censo de 2013 con información de la Dimar, el resultado es dramático: en Marlinda había 404 casas, hoy son 1.335, 931 más; en Villagloria las 147 son hoy 304, es decir 151 adicionales.

¿Jaque a la sentencia? ¡Casi! El mate está en ignorar la ley y  desconocer el alto riesgo.

* Abogado, ambientalista, coordinador del Ecobloque

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