Esto opino

Una noche sin Constitución

Por Danilo Contreras Guzmán *

Las protestas no son novedad en Colombia. Hemos convivido con ellas década tras década, gobierno tras gobierno, desde que nos concebimos como Nación. Algo deberían haber aprendido las autoridades respecto del manejo garantista de las mismas.

Los brumosos paisajes de la historia patria nos traen los trágicos sucesos de los días 5 y 6 de diciembre de 1.928, por ejemplo. Fue en una plaza polvorienta y olvidada de Ciénaga, Magdalena, donde los trabajadores de las bananeras reclamaban mejores salarios. Nada más justo que eso. La respuesta del gobierno de Miguel Abadía Méndez fue ordenar al ejército apostado allí que abrieran fuego a discreción con tal de proteger los intereses de los patrones de las fincas bananeras. La literatura ha hecho del episodio una leyenda, pero cruelmente sucedió, más allá de la ficción narrativa de los escritores.

Aquella era una sociedad premoderna, sin una concepción clara de la vigencia de las libertades civiles y las garantías fundamentales en favor de los ciudadanos; no había redes sociales, ni noticieros nacionales, ni los medios que nos provee la modernidad y tal vez por eso la bruma de la historia es más espesa, al punto que nunca se supo la verdadera cifra de muertos.

Casi un siglo después, vigente la Constitución Política de 1.991 que garantiza expresamente los derechos fundamentales de los ciudadanos y con medios de comunicación y redes sociales que atestiguan el devenir cotidiano de la sociedad, bajo una fórmula aciaga, el espejo de la historia renueva las imágenes del abuso de las autoridades contra la masa de ciudadanos colombianos protestando. Ocurrió en plena capital en la noche de los días 10 y 11 de septiembre. Una noche demasiado oscura de la historia nacional.

En aquellas horas la Constitución de 1.991 no rigió en la mismísima capital del país. Muchedumbres indignadas se lanzaron a las calles luego de ser testigos en horario ‘prime time‘ de las imágenes mostradas por los grandes noticieros de televisión, del proceso de tortura y ejecución sumaria de un ciudadano cuya única falta, al parecer, fue incurrir en una contravención menor.

La indignación ciudadana fue reprimida con saña por las autoridades que utilizaron sin reparo alguno sus armas de fuego a discreción. Se habla de 51 policiales que hicieron uso de sus armas de dotación, accionándolas directamente contra la humanidad de los ciudadanos que salieron a las calles. Los reportes conocidos hablan de 13 civiles asesinados y un sinnúmero de heridos. Los impactos mortales en la mayoría de los cuerpos son en cabeza y pecho. No había intención de dispersar, de eso no queda duda.

La alcaldesa de Bogotá confesó su frustración aceptando que en aquellas nefandas horas había perdido el mando que sobre la Policía le otorga el Artículo 315 de la Constitución Política.

Se aduce el desaforado ímpetu de las masas, con el afán velado de encontrar justificaciones donde no las hay. Los ciudadanos, conforme al Artículo 6 de la Carta, son responsables de cumplir la Constitución y la Ley, pero a las autoridades la misma norma superior les exige más, y determina que estas son responsables por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, a pesar de falaces justificaciones, los datos muestra que los muertos fueron civiles desarmados.

Es difícil creer que el proceder de más de una cincuentena de policiales que dispararon, y de centenares que, si no lo hicieron, han tenido un comportamiento omisivo reprobable, no corresponda a una coordinación mínima o a una directriz expresa. Sin embargo, por el respeto que aún conservo por lo que nos queda de instituciones y atendiendo al rigor probatorio, no me atrevo a ofrecer un juicio definitivo sobre una sistematicidad en estos hechos horrendos, pero sí espero que las investigaciones respondan con verdad, aunque suene candoroso.

Lo que queda claro es que en aquellas oscuras horas la Constitución no rigió en Bogotá, y hay que decirlo con toda claridad si queremos salvar la idea de la débil democracia que aún subsiste en Colombia.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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