Opinión

El Charco

 Por Fernando Guerra Rincón *

El municipio de El Charco[1] está ubicado en la región Pacífica del Departamento de Nariño y representa el 52% de todo su territorio caracterizado por su alta pluviosidad, fuertes temperaturas y vegetación selvática con condiciones de suelo pocos aptas para el trabajo humano, salvo para la conservación de su riquísima biodiversidad[2]. Esta región, además de El Charco, la conforman Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, La Tola, Maguí-Payán, Santa Bárbara-Iscuandé, Olaya Herrera, Roberto Payán y Mosquera.

En sus 2.485 Km2 de extensión se encuentra el 80% del Parque Natural Sanquianga de 80 mil hectáreas donde se agrupan y se entretejen el 53% de las 149.735.75 hectáreas de manglares del departamento de Nariño y el 20% de los del Pacífico colombiano. El parque es un territorio de abundantes esteros y deltas influidos por los ríos Sanquianga, Patía, La Tola, Aguacatal y Tapaje.

La biodiversidad que caracteriza la zona está amenazada porque el municipio tiene una de las tasas más altas de deforestación a nivel departamental por el incremento de las actividades ilícitas, la tala ilegal, la ampliación descoordinada de la frontera agrícola y la ausencia de oportunidades laborales y productivas.

El Charco está localizado al norte de la costa Pacífica, a orillas del río Tapaje, a 465 kilómetros de Pasto y para ir allí se requiere llegar hasta Tumaco, por vía fluvial y marítima, en una larga y costosa travesía, las mismas que se requieren para conectar Buenaventura, con la que tiene fuertes vínculos comerciales igual que con Tumaco.[3]

En esa especie de mundo Avatar del agua, como podría denominarse el litoral Pacífico, donde todo se mueve por ríos serpenteantes entre la selva húmeda y el mar Pacífico que acompaña toda su línea costera, la totalidad de sus puertos, incluido Buenaventura, no cuentan con una infraestructura de muelles mínimamente adecuadas lo que aumenta el nivel de riesgo de las personas que lo utilizan para movilizarse y trabajar. El transporte aéreo es escaso y excesivamente caro lo que lo coloca por fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población.

Las características geográficas de El Charco, muy propias de todo el litoral Pacífico, su amplia zona rural dispersa, su imbricación con el mar de Balboa, la exuberancia de sus ríos y selvas, la tupida red de manglares, la presencia de un vasto territorio montañoso que lo conecta con el Macizo Colombiano, sumado al abandono de los distintos gobiernos nacionales a lo largo del tiempo, han hecho funcional ese paraíso natural a la localización de competitivos clústeres de la cocaína y en escenario de la guerra contra las drogas en donde los enfrentamiento por el control territorial entre grupos armados ilegales y, entre ellos y la fuerza pública, impactan directamente a la población civil, conformado mayoritariamente por grupos étnicos negros (75.03%) e indígenas (2.45%).

El 66,9% de sus 22.550 habitantes (DANE 2018) viven en sus zonas rurales dispersas conformadas por 78 asentamientos distribuidos en las zonas de Bajamar Tapaje Medio y del Pie de Monte. El 33,12% lo hace en su casco urbano. En El Charco prácticamente no existen fuentes de empleo y, el poco que existe, se caracteriza por su altísima informalidad: 9 de cada 10 personas en edad de trabajar lo hace por fuera del mercado formal.

Por ello no es de extrañar que el 75.9% de sus hogares presenten múltiples carencias. La situación se agudiza en la zona rural: El 92.5% de los hogares tiene inadecuadas condiciones para la eliminación de excretas, solo el 15.6% tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, el nivel de analfabetismo en mayores de 15 años es del 37.7%, el bajo logro educativo del 88.8%, la inasistencia escolar del 12.1% y el rezago escolar del 43.2%. El 90.6% de las viviendas son inadecuadas y constituyen, en la práctica, su único patrimonio.

Su zona rural dispersa tiene un servicio de luz muy precario alimentado por plantas diésel lo que encárese el suministro. El acceso a internet solo es posible para el 2.2% de la población. Las vías terciarias se encuentran en estado crítico. Toda la población de las áreas rurales dispersas del Pacífico colombiano y, aun de sus poblados más grandes, viven como en El Charco, en condiciones del siglo XV.

El 91.68% de los bosques de manglar del litoral de Nariño se localizan en el territorio de 22 Consejos Comunitarios, que se encuentran en siete municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco y Santa Bárbara, lo que explica el agudo nivel de pobreza y el enorme conflicto por la tierra que reclaman sectores indígenas y afrodescendientes.[4]

Todos estos aspectos socio económicos de El Charco, aumentan el nivel de vulnerabilidad de los habitantes rurales en un contexto permeado por la violencia armada, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. La falta de oportunidades – especialmente en los jóvenes y adolescentes– configura una oportunidad para la ilegalidad.[5]

Después de la firma del Acuerdo de Paz, El Charco –al igual que otros municipios del Pacífico nariñense y caucano– ha sufrido el incremento exponencial de diversas formas de violencia ejercidas por la disputa territorial de organizaciones ilegales que lucha por el control de las rutas del narcotráfico. El municipio ha sido marcado por el conflicto armado. La dinámica de la guerra que continua ha generado la violación sistemática de los Derechos Humanos en toda la población, sin distinción de edad, género o pertenencia étnica.

En la subregión de Sanquianga del departamento, a la que pertenece, se presentan desplazamientos forzados masivos, homicidios, confinamiento de comunidades, desapariciones, despojo, usurpación, ocupación de tierras, amenazas y persecución a líderes, lideresas y autoridades étnicas, convirtiendo el casco urbano municipal en un gran receptor de población que implica para sus autoridades grandes esfuerzos para garantizar la atención humanitaria inmediata a las poblaciones afectadas. El incumplimiento y sabotaje soterrado del Acuerdo de Paz por el actual gobierno ha complicado las condiciones de vida de las gentes del Pacifico colombiano.

Por su ubicación, El Charco, se ha posicionado como un lugar estratégico para la expansión de la economía de la hoja de coca. Las dificultades en el control y acceso físico, así como la salida directa al Pacífico a través de cinco vertientes hídricas que se pueden subdividir en 70 salidas directas y la ausencia de un control militar estatal permanente lo han convertido en un escenario ideal para la actividad. Con el municipio de Argelia, con el que limita por el sur del Departamento del Cauca, se ha desarrollado un clúster de la cocaína en donde se siembra, se cristaliza y se comercializa coca para abastecer el mercado internacional y nacional.

La guerra contra las drogas en la región no ha logrado impedir que en la amplia región del Pacífico nariñense se desarrollen clústeres de la cocaína: Frontera Tumaco, El Charco-Olaya Herrera, Argelia-El Tambo, Argelia-El Charco. En el informe de 2020 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, se muestra como en estos clústeres se evidencia un “aumento en la productividad de la siembra de hoja de coca, una mayor participación del cultivador en la transformación de la hoja y precios más altos frente a otras zonas. Los enclaves productivos de coca están siendo más competitivos debido al incremento en la rentabilidad de los cultivos y de los procesos de extracción y refinación”.

El actual plan de desarrollo del municipio de El Charco 2020-2023, denominado Para recuperar la confianza y la esperanza, sintetiza en su nombre la lucha sin porvenir de los alcaldes que se suceden en el cargo porque ninguna estructura productiva legal de importancia sustenta su desarrollo.

Ninguno de los planes de desarrollo de la Nación que han visto pasar los habitantes del Pacífico colombiano a lo largo del tiempo, ni los numerosos documentos Conpes que se han producido han dado resultado y las gentes siguen rumiando pobreza, inseguridad, violencia, como ahora en pleno ejercicio de la paz con legalidad, como se llama la guerra contra las drogas en el gobierno de Iván Duque, que no ha tenido efecto distinto a fortalecer los ejércitos privados que se disputan el territorio y las rutas con su reguero de muertos, desplazados y víctimas.

En lo que va corrido del 2020 los departamentos de Nariño y Cauca, con ocho masacres cada una, con un saldo de más de 34 muertos, son los departamentos, después de Antioquia, que encabezan el listado de las masacres que alarman al mundo. Solo en el municipio caucano de El Tambo se han presentado dos masacres en menos de quince días.[6] Estas regiones administrativas del sur de Colombia las une la geografía, los conflictos por la tierra, la pobreza, el abandono estatal y el cordón umbilical de la economía de la droga y su carga de ilegalidad y es donde más líderes sociales han asesinado después de la firma del Acuerdo de paz del Teatro Colón.

Esta cruenta y cruda realidad no puede ser distinta por dos razones fundamentales: 1. La guerra contra las drogas en su mezcla de plomo y glifosato es una política que ha demostrado ser, durante casi medio siglo, una solución fallida y, por lo tanto, se requieren otras visiones para el tratamiento del problema incluyendo su regularización o legalización y sobre todo propiciar políticas de desarrollo económico sostenible acordes con las particulares y delicadas condiciones del territorio.

La actual política de guerra contra las drogas en lo que ha devenido es en el reforzamiento de los vínculos de la población inerme y sin ingresos con el entorno narco. Lo dice el SIMCI: “Si se considera la tendencia a la concentración que se viene presentando desde 2015, el dinero derivado de los mercados de la coca se mueve en territorios bien delimitados, por lo que localmente tiene una muy fuerte incidencia en la economía y genera dependencia económica de la actividad ilegal, no solamente para los cultivadores de coca, sino para muchos actores involucrados en actividades tanto legales como ilegales en los enclaves[7].

2. La política económica de la austeridad como se expresa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, que congela el insuficiente gasto público de aquí al 2031 en alrededor del 19% del PIB, solo les garantiza a las gentes del Pacífico colombiano la continuidad y la persistencia de la pobreza y la marginalidad, como ha sido desde siempre. Y, obviamente, más narcotráfico y más violencia.    

Como lo plantea con claridad el Plan de Desarrollo de El Charco: “A estos factores se suma la ausencia de una oferta estatal integral que permita romper el círculo de pobreza. Pese al crecimiento y los esfuerzos institucionales por reducir esta situación, ampliar la cobertura de los programas sociales, persisten restricciones físicas y financieras que impiden mayores impactos. La poca oferta, cobertura o infraestructura en áreas de educación, salud, cultura, deporte y participación laboral son aprovechadas por la ilegalidad para generar simpatía en las comunidades.”


[1] Todos los datos estadísticos utilizados en este texto provienen del Plan de Desarrollo de El Charco, 2020-2023, Para recuperar la confianza y la esperanza.

[2] Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico. En: “Economías del Pacifico colombiano”. Joaquín Viloria, Editor, Colección de economía regional, Banco de la Republica. Bogotá, 2008, Pág.130. 

[3] De El Charco hacia Buenaventura y viceversa existe un movimiento de carga regular ejecutado por barcos de cabotaje con capacidad de 80 a 150 toneladas de carga y 48 pasajeros, con una duración de 14 a 18 horas. También se hace con lanchas rápidas con capacidad de 40 pasajeros.  

[4] Plan de Desarrollo del Departamento de Nariño, Mi Nariño, en defensa de lo nuestro, 2020-2013, pág.46.

[5] Plan de Desarrollo de El Charco.

[6] https://www.infobae.com/america/colombia/2020/09/05/colombia-acumula-mas-de-50-masacres-en-lo-que-va-del-ano-otras-tres-personas-fueron-asesinadas-en-el-suroeste-del-pais/

[7] Informe del Simci, 2020, Bogotá, junio de 2020.

* Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos: La geopolítica del petróleo y el cambio climático, Universidad de Antioquia, 2010.

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