Historias

Sancionando a mandatarios, PGN ratifica su concepto sobre fallo de la CIDH

En lo que va de esta semana, la Procuraduría General de la Nación ha sancionado disciplinariamente, solo en el Departamento de Bolívar, a dos exmandatarios de sendos municipios.

El lunes se conoció que destituyó e inhabilitó por 18 años al exalcalde de Turbaco, Myron Martínez Ramos, por irregularidades en la contratación y construcción de tres complejos deportivos en el municipio, por más de $1.215 millones (leer ‘Comunicado de Prensa de la PGN #711‘)

Y ayer jueves se supo que -igualmente – sancionó con suspensión de cuatro meses al exalcalde de Turbana, Senén Cantillo Paternina, por adoptar por decreto el Plan de Desarrollo Municipal, sin presentarlo al Consejo Territorial de Planeación (CTP), como era su obligación legal (leer ‘Comunicado de Prensa #723‘).

Con las dos decisiones, tomadas en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Cartagena, y otras que en similar sentido ha tomado contra mandatarios departamentales, distritales y municipales a lo largo y ancho del país, el Ministerio Público deja en claro que, a pesar del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH – en el sentido de que “la Procuraduría General, como Ministerio Público, no debe restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular”, el ente de control disciplinario sí proseguirá sancionando las “conductas (que) tengan relación con hechos o asuntos constitutivos de corrupción en aplicación de los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción vigentes”.

De igual forma, ratifica que sí continuará imponiendo suspensiones, multas y suspensiones cuando “se encuadre la conducta objetivamente en una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, previa denuncia o traslado a las autoridades penales para actuar en el ámbito de sus competencias” (leer ‘Si hay que ajustar las normas disciplinarias se hará, pero no para claudicar en la lucha contra la corrupción ni favorecer la impunidad: Procurador Fernando Carrillo‘).

En una circular suscrita el pasado 1 de septiembre, el jefe del Ministerio Público instruyó a sus altos funcionarios, entre ellos los procuradores delegados, regionales y provinciales, sobre cómo adelantar los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular, teniendo en cuenta lo ordenado por la CIDH (leer ‘Circular 005 del Procurador General de la Nación‘).

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