Esto opino

Escazú

Por Rafael Vergara Navarro *

En 2018 al concluir la negociación del Acuerdo de Escazú, el panorama de América Latina y el Caribe era visto como hoy, el de una región con su gran riqueza natural amenazada. Poseedores del 22% de los bosques del mundo, entre 1990 y 2015 le han depredado más de 1 millón de Km2 y puesto en riesgo de extinción el 23% de la especies. Por causas y ambiciones múltiples, la deforestación nos generó erosión en el 68% de los suelos. Millones de toneladas rellenan nuestras bahías y ciénagas. En el siglo XXI el 70% del agua que usan ciudades, industria y agricultura regresa a los ríos, ciénagas o al mar sin tratamiento; millones de seres humanos en América Latina sin acceso al agua potable, contaminados y sin servicios, si enfrentan la devastación o el despojo pueden morir de enfermedades curables o de plomonía en los pulmones o la sangre.

En 2017 fueron asesinados 116 ciudadanos en esta región calificada para ambientalistas como una de la más peligrosa del mundo.

El Acuerdo de Escazú tiene la virtud de no ignorar lo dicho y ser un tratado regional de acceso a la información, la participación pública, los derechos humanos y a la justicia ambiental.

Que Antonio Guterres el secretario general de la ONU lo defienda: “El Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, a través  de la cooperación sur-sur, sienta las bases de una estructura internacional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. El tratado tiene por objeto la lucha contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos a todas las personas a un medio ambiente sano y desarrollo sostenible (…) Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza”.

El Gobierno de Colombia superando resistencias fue el país 22 que en diciembre de 2019 firmó el Acuerdo de Escazú, desarrollo de lo pactado con el ambientalismo en tiempos del paro cívico y las conversaciones.

Para la entrada en vigencia se requería que hasta hoy 26 de septiembre, 11 de los firmantes lo ratificaran y solo 10 lo hicieron, pese al mensaje de urgencia tardíamente enviado por Iván Duque al Congreso y su mensaje en la Organización de las Naciones Unidas – ONU. El acuerdo ya fue ratificado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristobal y Navis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina.

El tratado fue boicoteado abiertamente por los miembros del Centro Democrático, enemigos de Escazú y opuestos a su presidente (?). Y por Chile, Perú y Brasil, que siendo promotores sacaron las castañas del fuego. Un claro giro a la derecha acompañado de los miedos gremiales que  consideran “un acuerdo para ángeles” las regulaciones, acciones y las consultas ambientales, e incluso la justicia ambiental regional. Viven pensando en desregularizar y no en hacer las cosas bien hechas. Hay normas e institucionalidad pero la debilidad en la aplicación acumula daños y “exacerba las amenazas ambientales en el mundo”. Ha crecido  la comprensión y cumplimiento de lo ambiental como esencialidad y la construcción del desarrollo sostenible de verdad, pero no es suficiente.

La necesidad y el Acuerdo exige una mayor protección a los defensores de la creación e hijos de Lacta Mama. Un homenaje a Enrique Oramas.

* Abogado, ambientalista y coordinador del Ecobloque del Distrito de Cartagena

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