Esto opino

Las vacaciones de la corrupción administrativa

Por Agustín Leal Jerez *

— ¡Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva! — gritan con fervor todas las personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, o tienen procesos en curso. 

Los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, del 8 de julio de 2020, arrasó por completo con el derecho administrativo sancionador, cualquiera que sea su forma, en el entendido de que este se refiera a servidores públicos elegidos por voto popular. Para nuestro concepto, la referida sentencia vació de contenido las funciones de la Procuraduría General de la Nación – PGN, hirió de muerte el régimen de control fiscal y echó por tierra uno de los institutos más poderosos para combatir la corrupción administrativa, cual es el contemplado en el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017, que establece sanción penal para aquellas personas que se inscriban para participar en procesos electorales para acceder a cargos públicos, a pesar de haber sido sancionados disciplinariamente con pena de inhabilidad por la Procuraduría General de la Nación; o que aparezcan como responsables fiscales ante la Contraloría General de la República.  Para el caso de la PGN, consideramos que esta entidad perdió de forma absoluta la competencia para disciplinar a cualquier servidor público elegido por voto popular. Pero lo más grave de este fallo es que va mucho más allá de los funcionarios de elección popular, al estatuir de forma vinculante para el Estado Colombiano que todas las decisiones en donde el mismo funcionario administrativo o jurisdiccional que sanciona sea el mismo que profiere el pliego de cargos son incompatibles con la Carta de los Derechos Humanos que tutela esa Corte y, por ende, son violatorias de la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Valoramos los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación al proferir la Circular No. 005 de septiembre 1 de 2020, en donde establece que esa entidad mantiene la competencia para disciplinar a servidores públicos elegidos popularmente, “cuando se trate de posibles faltas gravísimas que impliquen destitución e inhabilidad general, siempre y cuando: i) estas conductas tengan relación con hechos o asuntos constitutivos de corrupción en aplicación de los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción vigentes señalados en la parte motiva de esta circular o ii) se encuadre la conducta objetivamente en una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, previa denuncia o traslado a las autoridades penales para actuar en el ámbito de sus competencias”.

Estos fueron algunos de los argumentos que expuso el gobierno colombiano en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la razón que esbozó el Consejo de Estado en la sentencia del 15 de noviembre de 2017, en donde declaró la nulidad de la sanción disciplinaria contra el señor Petro Urrego, concluyendo esa corporación que la Procuraduría carecía de jurisdicción para sancionar al citado ciudadano, en el entendido de que no se probó en el expediente acto de corrupción alguno. Ambos argumentos fueron derrotados.

En el afán de no quedar de brazos cruzados, el ente sancionador olvidó por completo que la Corte Interamericana tomó por paradigma para resolver el caso Petro la decisión proferida por esa misma corporación dentro del proceso López Mendoza vs. Venezuela, en donde sentó de forma determinante que la única forma posible de suspender o remover del cargo a un servidor público elegido popularmente, o impedir que un ciudadano aspire a un cargo de elección popular, es a través de una sentencia penal, proferida por juez competente y observando a plenitud las formas propias de cada juicio. No obstante lo anterior, en el caso colombiano, la Corte Interamericana, con sustento en el principio de complementariedad, consideró que la decisión del Consejo de Estado en la citada sentencia no satisfizo plenamente los derechos fundamentales conculcados y ordenó además: “Por consiguiente, la Corte considera que en el proceso disciplinario contra el señor Petro se vulneró el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de la imparcialidad, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa, en los términos de los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”.

Podría pensarse que mientras se cumple el plazo razonable dado por la Corte Interamericana para que el estado colombiano adecúe su ordenamiento interno al citado fallo, las funciones de la PGN y las demás normas reprochadas de nuestro ordenamiento jurídico en dicha sentencia continúan vigentes. Pero no es así, por virtud del artículo 214 constitucional y los tratados sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado Colombiano y por mandato del mismo Estatuto Disciplinario en su artículo 21 que dispone: “En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos”. A partir del fallo del caso Petro, la PGN está obligada a preservar que sus decisiones no vulneren los derechos fundamentales amparados en la renombrada sentencia. Los derechos fundamentales jamás salen de vacaciones.

Así las cosas, todas las personas elegidas popularmente, sancionadas por la PGN con inhabilidad para ocupar cargos públicos o contratar, o que se encuentren en el boletín de responsables de la Contraloría General de la Republica u otra autoridad administrativa, pueden posesionarse en cargos públicos, contratar con el Estado o aspirar a ser elegidos popularmente. De igual forma, todas las personas que han sido sancionados por autoridad administrativa, en donde el mismo funcionario que lo investiga o investigó, formula o formuló el pliego de cargos funge como su fallador o sancionador, puede solicitar la nulidad de su sanción, si ya está impuesta, o solicitar la nulidad del proceso si aún se encuentra en trámite.

La verdadera comparsa, el verdadero “baile del corrupto”, lo viviremos para las próximas elecciones en las que todas las personas con sanciones disciplinarias vigentes o responsables fiscales podrán aspirar libremente a cargos de elección popular.

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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