Esto opino

El ‘tractor’ y el urbanismo

Por Agustín Leal Jerez *

Con la llegada al poder del alcalde de Cartagena, William Dau, sus promesas de campaña sobre el tema de las construcciones irregulares y su libertad para gobernar, habíamos avizorado que el control urbano en el Distrito y el ordenamiento territorial en general habían encontrado el tipo de autoridad adecuada.

Nos imaginábamos al alcalde Dau, con la espectacularidad que lo caracteriza, con unos monos de jean, casco protector amarillo y gafas de seguridad, blandiendo una mona (martillo grande y pesado) recién cromada para la ocasión, rodeado de la prensa y áulicos con cámaras de celulares, grabando los momentos del primer monazo a la torre del edificio Acuarela para dar inicio a su demolición.

También lo retratábamos con una indumentaria parecida, manejando un tractor de oruga, recogiendo los últimos escombros de los demolidos edificios de los Quiroz.

Pero nada de esto ha acontecido, a pesar de las continuas diatribas del procurador Carrillo. Por el contrario, el burgomaestre, hábilmente, le ha rodado el balón al poder judicial para que sea un juez de la República quien asuma esta responsabilidad.

En honor a la verdad, de cierta forma, la manera como la Procuraduría General de la Nación ha abordado el tema del urbanismo en la ciudad, con un cierto oportunismo político que hemos visto en sus últimas decisiones, con shows mediáticos de por medio, y los efectos jurídicos del fallo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ha dado la oportunidad al alcalde para forcejear con el procurador y ganarle la batalla política.

Pero, lejos de su victoria mediática sobre el procurador Carrillo, lo que pasa en el urbanismo de la ciudad, especialmente en el control urbano, que nuevamente vuelve a ocupar titulares de los principales diarios de la nación, es supremamente grave.

Todas las irregularidades que ha denunciado la prensa, la ciudadanía, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, la Procuraduría y la Superintendencia de Notariado y Registro, que dan cuenta de más de cien edificaciones con irregularidades graves en su construcción y más de cincuenta licencias de construcción falsas, siguen en la inopia e impunidad, erguidas como monumentos a la desidia administrativa y policiva para vergüenza de todos. Y la cereza del pastel: las Curadurías Urbanas siguen permitiendo que se inunde el territorio de rascacielos para vivienda de interés social, sin tener en cuenta el decaimiento de la famosa Circular Acuarela de 2013, la movilidad, los indicadores de espacio público y la carga de los servicios públicos domiciliarios, que en algunos sitios ya comienzan a rebosar los manjoles del alcantarillado.

Por otro lado, desde hace un tiempo corren rumores en la ciudad acerca de que algunos inversionistas del sector inmobiliario estarían financiando estudios técnicos, como insumos para la próxima revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial. Se comenta, inclusive, que desde Bogotá se estaría formulando el nuevo Plan de ordenamiento Territorial -POT – del Distrito.

Desde esta tribuna hemos animado a la Administración distrital para que constituya alianzas público-privadas, o cualquier otro tipo de forma asociativa, que le permitan crear sinergias entre el sector público y privado para la reactivación económica del Distrito. La participación de particulares en la formulación de las acciones urbanísticas no es extraña ni ilegal, pero, en tratándose de un instrumento de esta naturaleza, que va a marcar el rumbo de la ciudad durante los próximos treinta año, como ha expresado el secretario de Planeación Distrital, y en donde de forma indudable unos sectores del Distrito saldrán afectados de forma negativa y otros se llevarán los beneficios, amerita que la Administración distrital aclare estos rumores y que, de ser ciertos, de forma abierta a la ciudadanía explique la figura bajo la cual están actuando y cuáles serían sus intereses.  

Todas estas ventiscas soplan con el anuncio en esta semana del cronograma de la revisión del POT por parte de Planeación Distrital. Con lo apetecido que es la modificación o revisión de un POT nos preguntaremos por qué las administraciones pasadas no lo hicieron. Y la respuesta es sencilla: en realidad ha habido varios intentos de modificación, pero han muerto en manos de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique. Aquí comienzan los problemas para formular el POT, por la sencilla razón de que las autoridades ambientales con jurisdicción en el Distrito no han expedido de forma general las determinantes ambientales del suelo distrital. No existe una zonificación del manglar, no se han señalado las densidades máximas del suelo rural – suburbano y sus corredores comerciales e índices de suburbanizacion. No existen estudios de precisión de las determinantes ambientales del borde costero y de los cuerpos de agua interiores, excepto la Ciénega de la Virgen. De igual forma, en esta materia, la Dirección Marítima -Dimar – no ha elaborado un estudio serio para establecer con exactitud normativa y conceptual la ubicación de los suelos de bajamar, playas marinas y los suelos consolidados por acciones naturales o antrópicas. La Dimar, en cada petición al respecto, emite un tipo de concepto para una situación en particular y concreto, que casi nunca coincide con la del predio vecino.

Pero lo más grave -quizá – de todos estos elementos es el problema de la incorporación de la gestión del riesgo. El convenio que suscribió el Distrito con Fonade para tal fin ha resultado en un fiasco. En el decir de varios exfuncionarios de Planeación Distrital encargados del tema y consultados: los productos entregados “no sirven”. La incorporación del riesgo en el Distrito es un asunto muy delicado. Por estas falencias en el actual POT tenemos una multimillonaria condena a cuestas por el siniestro del barrio San Francisco y, como vamos, nos esperan las de las Lomas del Marión, el Cerro de Albornoz y las faldas de La Popa, además de todas las acciones y previsiones a tomar por razones del cambio climático.

Hay muchas cosas de cuidado pendientes por realizar antes de empezar a formular un nuevo POT. Con los problemas serios de movilidad que existen en Cartagena y las lecciones que nos ha dejado la pandemia del Covid-19, la discusión si densificamos la ciudad o buscamos otros mecanismos para bajar el costo de la tierra debemos darla.

La ciudad que anhelamos tenemos que debatirla en un espacio amplio y participativo que nos permita decidir en el desacuerdo. Por ello, en una de nuestras columnas en este mismo medio, ante los problemas más urgentes de la normatividad urbanística actual, propusimos una modificación excepcional, mientras acopiábamos los estudios necesarios para formular el POT que nos merecemos los cartageneros y esta Ciudad Heroica, vitrina de Colombia para el mundo.

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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