Esto opino

Confianza burlada

Por Danilo Contreras Guzmán *

Al inicio de la pandemia, dos circunstancias aparentemente inconexas captaron mi atención. La primera fue la lectura de la última obra de Thomas Piketty, ‘Capital e ideología’, un mamotreto de más de mil páginas que cautivó mi atención por la manera como está escrito, pues conjuga datos técnicos estadísticos acerca de la desigualdad con lecciones de la historia de la manera como los países han enfrentado ese fenómeno. La otra situación llamativa fue la controversia que al inicio del año generó la contratación de la señora Cinthya Pérez Amador como asesora de confianza del Despacho del alcalde, con unos honorarios que superan los siete millones de pesos, hecho que escandalizó a muchos.

Estas dos situaciones aparentemente incongruentes me llevaron a escribir una nota que titulé ‘Salario y desigualdad: El caso de Cinthya Pérez Amador’. En aquella nota resalté la crítica que Piketty formula en contra de la ‘meritocracia’ tal como se estructuran en sociedades desiguales como la nuestra. En aquel escrito reseñé lo que el referido autor define como ideología de la desigualdad al expresar en su libro que “un régimen desigualitario se caracteriza por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas de la sociedad en cuestión”.

Piketty afirma que la ‘meritocracia’ a que aluden los discursos oficiales es un instrumento que pone en juego desigualdades estructurales que se manifiestan con frecuencia en el mercado laboral, verbigracia. Según su argumento, las grandes brechas que se patentizan en el acceso a la educación implican que solo acceden a los cargos bien remunerados quienes han podido contar con una educación superior que generalmente está restringida a quienes tienen recursos para financiarla.

Vi, en el caso de la señora Cinthya Pérez Amador, la materialización en la praxis de las teorías de Piketty. Cinthya, una mujer humilde, quien con esfuerzo ha accedido a una educación tecnológica, cuya contratación era criticada por la alta remuneración recibida, sin los aparentes méritos o calidades profesionales para ello. Defendí en aquel escrito esa contratación, sin conocer personalmente a la señora Pérez Amador, no solo por razones legales, pues la normativa vigente le permite al alcalde contratar como asesora con dicha remuneración a personas de su entera confianza, sino como una reivindicación de la mujer cartagenera, hecha a pulso, que alcanza el triunfo al apoyar un proyecto político novedoso.

Sin embargo, a la vuelta de los meses el asunto dio un vuelco radical y ya la cuestión no giraba en torno a la justicia o injusticia de la remuneración recibida por la asesora de confianza del Alcalde sino en torno a la presunta falsedad de los documentos con que la asesora acreditó su experiencia laboral, una circunstancia lamentable considerando que la bandera fundamental que agita el alcalde Dau es la lucha contra la corrupción.

El embrollo, que ha debido solucionarse con la salida de la funcionaria a efectos de que clarifique su situación jurídica frente a las imputaciones que se le hacen, se ha convertido en todo un drama político que ha incluido manifestaciones de apoyo a la funcionaria sindicada. Consideran los seguidores del alcalde que la salida de una persona tan cercana a Dau es una especie de trofeo entregado a sus opositores.

Creo que se equivocan en materia grave quienes así piensan, y aquellos que sugieren a Dau mantener a la señora Cinthya Pérez Amador en el gobierno pese a los señalamientos. Es más, me parece que, siendo la contratista alma y nervio del proyecto político que gobierna, esta debería pensar en apartarse en vez de macular las banderas de la lucha contra las malas costumbres políticas que afirma defender el alcalde.

Repudio el maniqueísmo, pues gradúa, en demasiadas ocasiones, a buenos y a malos, según el capricho personal, pues en ese delirio se suelen cometer injusticias y excesos. Sin embargo, en este caso parecen existir serios elementos probatorios que indican que la señora Pérez Amador debe aclarar su situación ante las autoridades, apartada de la Administración, para no perjudicar al alcalde, quien en forma cuestionable prefiere defenderla, pese a las evidencias, con lo cual se ofrece un mensaje ambiguo a la ciudadanía que mantiene la esperanza de que un clima de transparencia y honestidad se instale definitivamente en La Aduana.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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