Esto opino

La Contraloría distrital y el caso Cynthia Pérez

Por Agustín Leal Jerez *

Después de los incidentes poco decorosos que han rodeado a la elección de los dos últimos contralores distritales, aterran las facultades concedidas a las Contralorías territoriales por el Acto Legislativo 4 de 2019. Suspender funcionarios, sin distingo de rangos o categorías funcionales, verdad sabida y buena fe guardada, sin estar instrumentalizada la figura, y bajo la égida de un auto o acto de simple cúmplase, es decir, de mero trámite, es cosa que da mucho miedo.

No reprochamos para nada las intenciones del constituyente derivado al crear esta institución, porque consideramos que -bien aplicada – resultaría ser una herramienta valiosísima para combatir, extremo ratio, casos graves de corrupción administrativa y amenazas serias al patrimonio del Estado. Pero dejarla sin ningún tipo de reglamentación, solo sujeta a la liberalidad y ponderación de su ejecutor, es otra cosa. En un país supremamente politizado, polarizado y plagado de servidores públicos con escasos escrúpulos éticos, la cura resultaría ser peor que la enfermedad. 

Ya la ciudad experimentó los nefastos efectos de la mala utilización de esta figura, cuando la Contraloría General de la Nación, verdad sabida y buena fe guardada, le dio un raponazo a la voluntad popular al suspender al señor Campo Elías Terán (q.e.p.d) de sus funciones como alcalde en el año 2012, cuando apenas comenzaba su mandato, para luego liberarlo de toda responsabilidad fiscal. Desde ese instante comenzaron los males del desgobierno y la desinstitucionalización de la ciudad.

Con esta espada de Damocles en la mano cualquier contralor no probo puede arrodillar una administración distrital o municipal para que sirva a sus intereses políticos o personales. El asunto no es pacífico; defendemos esta figura pero como un verdadero acto reglado, instrumentalizado través de un procedimiento que garantice el derecho de contradicción. La discrecionalidad en el derecho administrativo moderno es un instituto pasado de moda.

En el renombrado caso de la señora Cynthia Pérez Amador creemos firmemente que existen otros medios más eficaces para precaver un detrimento mayor al patrimonio del Distrito. La Contraloría Distrital de Cartagena, si considera o tiene la convicción de que el contrato de la Primera Dama del Distrito viola ostensiblemente la Ley, pudo solicitarle al alcalde, o la misma funcionaria que suscribió el referido contrato, que proceda a liquidarlo en el estado en que se encuentra, habida cuenta que se encuentra inmerso en una de las causales de nulidad absoluta que prevé el Estatuto Contractual del Estado. Si no son atendidas sus suplicas puede el ente fiscalizador rogar a la justicia administrativa, a través del medio de control de controversias contractuales, su declaratoria, solicitando la medida cautelar de suspensión del contrato. O, inclusive, a través de una acción de cumplimiento, conminar al alcalde para que lo liquide. La Administración distrital ha dicho por todos los medios de comunicación existentes en la era digital que no prescindirá de los servicios de la señora Cynthia Pérez, por lo tanto se vuelve ineficaz la suspensión de la secretaria general de la Alcaldía porque, sencillamente, quien la suceda tampoco lo va a hacer. Además, la verdad sea dicha, de acuerdo al conocimiento público que tenemos del proceso, allí ya todas las pruebas estarían acopiadas. Por ello, esta medida resultaría desproporcionada.

Consideramos que la elección del próximo contralor del Distrito de Cartagena es un asunto de vital importancia para la ciudad, por lo cual la ciudadanía en general: todos los cartageneros y cartageneras, debemos ejercer un estricto control social sobre esta elección, porque de ella puede depender la estabilidad política y administrativa de ciudad.

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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