Esto opino

Haciendo trizas las instituciones locales

Por Danilo Contreras Guzmán *

Las instituciones son como el esqueleto que sostiene el cuerpo social. Sin instituciones no existen reglas ni límites al abuso y la arbitrariedad. Sin ellas quedamos sometidos a la voluntad de efímeros mandatarios que imponen su caprichosa voluntad, y los cargos se tornan en viles instrumentos de los intereses de las facciones. En ese propósito se han empeñado sucesivas ‘hordas’ que desde hace años arriban al poder local para expoliarlo.

Lo de ahora es una re-edición de ese afán por hacer trizas lo que va quedando de institucionalidad en Cartagena. Un alcalde que afirma luchar contra la corrupción pero que, contra las evidencias, se niega a apartar de sus funciones a una contratista de su confianza que inopinadamente aportó un certificado espurio para acceder a los emolumentos que le proporcionaba la contratación. Una sinrazón que enreda al alcalde y confunde a la ciudadanía, pues no puede ser que bajo el manido argumento de una persecución política se defienda lo que es una flagrante irregularidad y una deslealtad de su autora, frente a la confianza que su superior le depositó. No puede ser. Es inaceptable que esto suceda sin que se inmuten alcalde y contratista y, antes por el contrario, pongan la cara dura para omitir las obligaciones que impone la más simple consideración al valor de la honestidad.

Cae estrepitosamente la bandera anticorrupción sobre el mismo cieno en el que medran los “malandrines” que dicen combatir los funcionarios, si no existe la concepción ética que le permita a la contratista apartarse de sus funciones a fin de no dañar el proyecto que llevó a la Aduana al alcalde, y falla el juicio moral de un mandatario que prefiere mantener a su alfil pese a las evidencias de presuntas faltas graves. El señor Dau le ofrece argumentos a la clase política que en buena hora derrotó y que espera con las fauces abiertas la más mínima oportunidad para retornar al saqueo de las arcas públicas a la cual estaban habituadas. Es claro que, con su renuencia, el alcalde reta la institucionalidad, siendo esa su primera obligación constitucional y legal.

Sus adversarios no tardaron en reaccionar e hicieron su jugada, que, además de torpe, es profundamente dañina para lo que queda de institucionalidad en el Distrito.

En efecto, como la contratista que adujo un documento aparentemente falso no se aparta del cargo, ni la aparta el alcalde, el contralor distrital cuyo cargo responde a las dinámicas clientelistas que persisten en Cartagena fulmina con una decisión administrativa, proferida en una actuación de responsabilidad fiscal, a la secretaria general del Distrito, aduciendo el peregrino argumento de haber proyectado dicha servidora los estudios previos del contrato que enreda a la señora Cinthya Pérez Amador.

El exótico pronunciamiento del contralor distrital busca, cuestionablemente, evitar que con su permanencia en el Gobierno la secretaria general afecte la investigación en curso o pueda “comprometer aún más el patrimonio del Distrito de Cartagena”. No dudo que tal decisión tarde o temprano conocerá el fracaso.

Entre tanto, lo que logra la decisión del contralor es evidenciar cómo una entidad se convierte en el vil juguete de las pasiones políticas que agitan el acontecer local y, de paso, logra victimizar a un Gobierno que ha pretendido vender la imagen de heroico martirio que significa luchar contra la corrupción, pese a que con el codo esté borrando lo que han hecho con las manos, pues no le debe quedar duda alguna a un ciudadano medianamente informado y sensato que el alcalde tiene mucho que explicar en este episodio y en otros.

Flaco servicio le prestan los actores de esta mascarada al Distrito, pues con sus conductas erosionan la legitimidad de las entidades que representan, al tiempo que distraen el foco de atención de los reales e inquietantes problemas de una población que clama seriedad y buen criterio en el manejo de la crisis sin precedentes que la pandemia nos impone.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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