Historias

Familia Hernández Vs. Fundación Mario Santo Domingo, un litigio dilatado

Preocupados porque, según han dicho a varios medios de comunicación, hace más de dos años que recibieron sus viviendas y -hasta la fecha – ni la Fundación Mario Santo Domingo ni Corvivienda les han entregado las respectivas escrituras, residentes de la Manzana 72 de Ciudad del Bicentenario han elevado una queja ante la Procuraduría y amenazan con realizar varios tipos de protestas.

Desde enero de este año han insistido en que les informen el porqué del atraso y, extrañamente, “ni los unos ni los otros se han dignado responder, y solo en el mes de abril, obligado por un juez de tutela, el gerente de Corvivienda respondió que ya se iban a iniciar los trámites para el pago del impuesto predial y adelantar los trámites correspondientes“, reveló a Revista Metro el dirigente cívico Deyder Henríquez Matos.   

Según el quejoso, lo grave es que “ha pasado el tiempo y Corvivienda aún no entrega las escrituras, y aunque lo que se dice, extraoficialmente, es que la entidad no ha realizado los pagos debidos, al parecer el problema es mucho más grave, y tiene que ver con el litigio de tierras que desde hace más de 10 años sostiene la familia Hernández con la Fundación Mario Santo Domingo“.

Y para el abogado Héctor Pérez Fernández, quien en su condición de veedor ciudadano ha defendido los intereses de la familia Hernández en este y otros procesos, todo indica, en efecto, que es así.

Mire, el caso es que a los Hernández, que heredaron la hacienda Magulla de sus antepasados, los de la Fundación Mario Santo Domingo los acusan de ser invasores, cuando se puede demostrar que son los legítimos dueños de ese predio“, manifestó Pérez Fernández; “en cambio, hay terceros que han falsificado escrituras y otros documentos, e incluso han propiciado despojos y desplazamientos violentos, como lo podemos probar; si acaso, en gracia de discusión, los Santo Domingo podrían considerarse compradores de buena fe, alegando que han sido engañados, pero ellos insisten en la legalidad de unas escrituras que a todas luces es espuria”.

En diálogo con este portal, el presidente de la ‘Veeduría Popular por Cartagena‘ aseguró que “todas las falsedades con las cuales pretenden despojar a los Hernández de sus tierras, se desprenden, como ya he dicho, de las Escrituras 4686 de 2007 y 580 de 2012. Y todas las pruebas ya están en manos de las autoridades. Solo falta que actúen“.

Para que usted comprenda bien lo que ha ocurrido debo hacerle una pequeña reseña histórico“, le dijo Pérez a este reportero; “pero primero deberemos remontarnos al año 1939, cuando fallece el señor Pedro Hernández Altamar, quien reconoció legalmente a una serie de hijos naturales, y de ellos se desprende un extenso árbol genealógico, y tenemos, por ejemplo, que don Pedro Hernández fue el papá del señor Marcial Hernández Díaz, y este el papá de Pedro Hernández de Horta, y este a su vez el papá de Manuel Hernández Vergara, quien es mi poderdante. Y este, como también podemos probar, ostenta su condición de heredero y propietario en comunidad de la finca ‘Magulla, Arenales y Membrillal, sobre el cual ha ejercido una posesión pública, pacífica e ininterrumpida“.

De acuerdo con lo informado por el abogado, ya le pidió al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, que con base en las contundentes pruebas enviadas le ordene al superintendente de Notariado y Registro que intervenga la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y proceda a bloquear las matrículas con origen espurio.

Asimismo, que le ordene suspender provisionalmente “el derecho de disposición de las Matriculas Inmobiliarias que se desprendan de una serie de escrituras espurias cuyas copias le envié, e investigar las evidentes falsedades y falencias de los supuestos derechos adquiridos por el difundo Alfredo del Campo, mediante los cuales fue que originalmente se despojó fraudulentamente la propiedad de la familia Hernández“.

“Los Hernández no son los dueños”: Fundación Mario Santo Domingo

Sobre la posición de Héctor Pérez y demás representantes de la familia Hernández, los voceros de la fundación Mario Santo Domingo, en declaraciones a El Universal, han dicho que se trata de “personas contratadas por una mafia que ha utilizado las vías de hecho para lograr apoderarse de propiedades“, y que “en varios procesos distintos se ha demostrado que los Hernández no son los dueños de los predios”.

Por su parte, fuentes del Distrito señalan que mediante la Resolución 2362 de 2008, el Gobierno Nacional adoptó el macroproyecto de interés social nacional denominado Ciudad del Bicentenario, y posteriormente, mediante la Resolución 0361 de 2012, se propició que la fundación Mario Santo Domingo y otros actores pudieran aportar al desarrollo sostenible de la zona, tras declararse de utilidad pública los lotes en los que se construirían un colegio -con recursos donados por la Fundación Pies Descalzos, de la cantante colombiana Shakira – y viviendas de interés social.

Lo que se sabe es que la fundación Mario Santo Domingo adquirió por compraventa unos predios, entre 2007 y 2011, y dicha propiedad hace parte de un fideicomiso del cual aparecen como beneficiarios la misma fundación, el Ministerio de Vivienda y el Distrito de Cartagena, más exactamente Corvivienda”, agregó.

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