Cartagena

William Dau, a concertar con Mincultura y la UNGR cómo demoler el edificio Aquarela

Todo indica, por lo que han expresado en los últimos días el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, y el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau Chamatt, que -definitivamente – el edificio Aquarela tiene los días contados.

Un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, entregado el pasado 29 de septiembre al alcalde Dau pero del cual vino a saberse gracias a W Radio, advierte que el Distrito debe “proceder a ejecutar la orden de demolición del edificio Aquarela de manera inmediata“, ya que “el incumplimiento de esta orden configura el delito de fraude a resolución judicial o administrativa”.

De acuerdo con lo revelado por La W, la ANDJE conceptuó que “esa orden debe ejecutarse por el Distrito (…) y el costo de la demolición deberá ser cobrado al infractor, como lo establece la ley” (leer ‘No cumplir con demolición del edificio Aquarela es un delito: Agencia Jurídica del Estado‘).

Tras saber que el concepto de la ANDJE ya era de conocimiento público, el alcalde expresó, en declaraciones a RCN Radio, que si esta entidad dice “que sí puedo tumbarlo, y que el pleito lo vamos a ganar, y ellos nos van a respaldar. Además dice que si no lo tumbo me puedo ganar un proceso penal, entonces, bueno, vamos y lo tumbamos, entonces sigamos con el proceso”.

Sin embargo, señaló el mandatario que el Ministerio de Cultura debe solidarizarse con el Distrito ante “cualquier demanda que presenten los constructores; si ellos (el Ministerio) se hacen responsables, vamos para adelante, si no lo aceptan, de todas maneras tenemos que seguir adelante. El señor Camilo Gómez ha estado en conversaciones para poder buscar un arreglo a las buenas”.

En todo caso, según Dau, será “la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR) quien haga el análisis y la evaluación de cómo se hará la demolición”, ya que debe garantizarse que, sea cual fuere el método empleado, hay que evitar que el Castillo de San Felipe sufra algún tipo de afectación.

Dos años después

Como deberá recordarse, el 9 de octubre de 2018, la entonces inspectora de la Unidad Comunera 2, Paola Serna Tobías, ordenó a los constructores del Aquarela suspender la construcción de la obra y, en el término de dos meses, restituir 619,59 metros cuadrados ocupados irregularmente por ser de uso público.

En su proveído, la funcionaria advirtió que “si transcurrido el término anterior no han procedido a hacer la restitución, el Distrito, en asocio de la Fuerza Pública, procederá a realizar esta restitución, aplicando la medida correctiva de demolición“.

17 días después: el 26 de octubre, el entonces secretario del Interior del Distrito, José Carlos Puello Rubio, ratificó en segunda instancia el fallo proferido, luego de que el apoderado de la Promotora Calle 47, dueños del proyecto inmobiliario, apelara la decisión inicial.

Posteriormente, los propietarios del Aquarela interpusieron una acción para evitar que se cumpliera la orden impartida. No obstante, el Juzgado 11° Administrativo del Circuito de Cartagena desestimó dicha acción aclarando que “es el Distrito de Cartagena, a través de la dependencia o funcionario competente para ello, quien debe hacer cumplir lo ordenado en el fallo policivo de 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior (…) el 26 de octubre de 2018“.

Una serie de acciones dilatorias presentadas por varios actores, sin embargo, obligaron a la Procuraduría a intervenir en el caso. En concreto, tras conocer un estudio que establece que el edificio no cumple con parámetros de sismicidad ni resistencia al fuego, contratado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el procurador general Fernando Carrillo Flórez advirtió el pasado 27 de mayo que la demolición del edificio Aquarela es única alternativa para proteger el Patrimonio Histórico Cultural de Cartagena.

Un mes después: el 26 de junio, el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, advirtió que si el 26 de julio el alcalde de Cartagena no acataba lo dispuesto en un fallo policivo que ordena la restitución del espacio público indebidamente ocupado por el edificio Aquarela, al Ministerio Público no le quedaría otra opción que abrirle al mandatario una investigación disciplinaria.

De acuerdo con Gómez Lee, si Dau Chamatt no cumple su deber, incurriría en un claro “incumplimiento de los deberes del alcalde al Código Nacional de Policía, por poner en riesgo a la ciudadanía”.

Y casi cuatro meses después, pareciera que ahora sí se procederá a la demolición del Aquarela. Al menos, por lo visto, ya no hay excusas para que no se cumpla lo dispuesto por el propio Distrito.

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