Esto opino

Democracia y lucha contra la pobreza

Por Danilo Contreras Guzmán *

La democracia es el único sistema de gobierno que ha concebido la humanidad con capacidad de ofrecer libertades públicas y, al tiempo, la promesa de garantizar derechos fundamentales a todos de manera que la justicia social pueda tener realización. Esto por lo menos en teoría, pues en la mayoría de los casos la democracia que hemos conocido es tan solo formal, de manera que su materialización debe ser objeto de una lucha incesante.

Estos valores alrededor de los cuales hemos sido educados ameritan un equilibrio que es preciso velar con celo. Un régimen sin libertades deviene en dictadura y, de igual manera, un sistema que no garantiza justicia social esconde gobiernos antidemocráticos en los que solo prosperan quienes acceden a los privilegios.

La pobreza es un cáncer de la democracia, pues quien la padece carece de libertad real y autonomía pues no decide fundamentado en la razón sino en la necesidad y en medio de la precariedad. La pobreza es el ejemplo más patético de privación de derechos y libertades, pues el pobre no accede a la salud, a la alimentación adecuada, a la educación y en general al bienestar. El pobre no vive, sobrevive.

Si esto así, podríamos convenir en que la pobreza es un enemigo central a combatir en una democracia respetable. Amartya Sen ha basado sus teorías del ‘Desarrollo humano’ en un enfoque que permita dotar de capacidades al individuo a efectos de que este pueda ‘expandir’ sus libertades definiendo autónomamente su concepción de una ‘vida buena’. Luego no es posible luchar adecuadamente contra la pobreza en un escenario que no corresponda a una democracia.

Pese a estas bondades declaradas, la democracia se encuentra amenazada en todas partes y la crisis de la pandemia acentúa estos desafíos. Autores como Noah Yuval Harari ha dicho al respecto: “La epidemia es la tapadera perfecta para un golpe de Estado”. Los autoritarismos parecen progresar en USA, algunos países del este europeo y en no pocos latinoamericanos.

En Colombia la cuestión es realmente grave. Las masacres perpetradas sobre estamentos específicos de la sociedad se multiplican; hace algo más de un mes el país se estremeció por una masacre en plena capital en medio de protestas por abusos policiales y en este fin de semana nos hemos enterado de la masacre de cinco reclamantes de tierras en el Departamento de Sucre.

Estas expresiones de violencia desesperada van acompañadas de un proceso de debilitamiento institucional que permite que sea el poder ejecutivo el que se imponga sobre las demás ramas del poder. Ejemplificación de esto es la cooptación de los poderes públicos como la Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría con el nombramiento de agentes del partido de gobierno. El episodio más reciente ha sido el boicot a la moción de censura contra el ministro de Defensa emprendida por la bancada de oposición que fue enervada por la votación de una simple proposición impuesta por las mayorías gobiernistas.

En lo local la amenaza a la democracia no es menor y ha tomado forma en la manera como se ha impuesto el Fondo creado mediante la Ley 2038 de 2020 cuya finalidad nominal es la lucha contra la pobreza extrema.

La Ley, cuyo nombre llama a engaño a demasiados incautos, mueve el poder de decisión sobre las políticas públicas para combatir la pobreza, desde las instituciones que la Constitución y la Ley determinan como instancias democráticas para diseñar tales proyectos, hacia una junta directiva creada por la ley, que ‘corporativiza’ la toma de esas decisiones, esto es, las privatiza en el sentido de evadir la posibilidad de que sean las autoridades elegidas por voto popular quienes las discutan y definan, al tiempo que determina que las contrataciones que se deduzcan de tales decisiones se adelante a través de un régimen de derecho privado, que es más o menos ofrecer a esa junta la posibilidad de contratar a dedo.

A este entuerto ha contribuido eficientemente el alcalde William Dau quien avaló por escrito el proyecto que hoy es Ley, y ahora hemos venido a saber por las diligencias de control político que en buena hora ha emprendido el concejal Javier Julio Bejarano que importantes funcionarios del Distrito, con los cuales se supone que se cuenta para construir la administración de la cosa pública, no conocieron de los alcances de esta iniciativa, tal y como lo han expuesto en oficios de respuesta a las solicitudes de información elevadas por el referido concejal. Así lo expresaron el secretario de Planeación, la directora de la Oficina Jurídica del Distrito y actual secretaria General encargada, así como la directora del PES, que es la entidad distrital que justamente se encarga de luchar contra el flagelo de la pobreza, quien ha dicho en su respuesta, a la letra: “Jamás se me ha ocurrido pensar en crear ese tipo de fondo”.      

Llama la atención que el concejal Julio Bejarano denuncia que el secretario de Hacienda ha omitido dar respuesta a su respetuosa solicitud, siendo que es este funcionario quien debe responder por los eventuales impactos fiscales que esta ley puede tener. ¿Será que el secretario no fue consultado sobre un tema tan importante? ¿O será que siendo consultado el secretario accedió a avalar ese propósito que menoscaba competencias del ejecutivo distrital?

Valdría la pena conocer pronto la opinión del profesor Dewin Pérez.

El Concejo, en el que teóricamente se deposita la voluntad popular y es el escenario natural de discusión de los grandes temas de la ciudad, ha hecho mutis por el foro y negó la posibilidad de dar la discusión al respecto, al votar negativamente una proposición en tal sentido presentada por el concejal Javier Julio Bejarano.

Está claro que la ausencia de transparencia en el manejo de la discusión sobre la naturaleza y alcances del fondo socavan gravemente las instituciones distritales y le imponen al Distrito una tutoría del Gobierno nacional, departamental y de representantes de intereses privados que contradicen el principio democrático de la autonomía territorial prevista en la Constitución.   

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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