Historias

‘Cartel de la chatarrización’: archivan investigación disciplinaria pero prosiguen la penal

El pasado 28 de octubre, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI – de la Fiscalía allanaron las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –DATT, en el barrio Manga.

Lo que pudo establecerse es que el ente investigador aún recauda eventuales pruebas de unos hechos que han venido denunciándose desde el año 2016, sobre los cuales se han interpuesto varias quejas y denuncias, relacionadas con la supuesta existencia de un ‘cartel de la chatarrización‘.

Sobre los mismos hechos, pero -claro está – en el campo disciplinario, la Procuraduría Provincial de Cartagena adelantó las respectivas investigaciones. Ello, luego de que el 22 de noviembre de 2017 el ciudadano Jorge Luis Rojas Montero interpusiera una queja señalando, con nombres propios, quienes serían -según él – algunos de los miembros del supuesto ‘cartel’. Según el quejoso, el jefe de Transporte Público del DATT, Aureliano Rico Urrego, quien sería uno de sus integrantes, aprovechaba su cargo y su membrecía en un comité oficial para influir “sobre propietarios de vehículos de servicio público colectivo para que los vendieran a su esposa Luz Elvira Toro Madrigal y obtener el pago por desintegración dentro del proceso de organización del sistema integral de transporte público en la ciudad” y -asimismo – para establecer qué buses y busetas salían o no de circulación.

Debe agregarse que dicha queja fue difundida por varios medios locales y, además – trasladada a la Fiscalía Seccional de Cartagena por sus connotaciones penales.

De igual forma, pocas semanas después: el 2 de enero de 2018, el gerente suplente de Pemape S.A., Pedro Pereira Pereira interpuso ante la Fiscalía una denuncia similar.

El hecho es que, tras las correspondientes indagaciones preliminares, el Ministerio Público dispuso el 18 de febrero de 2019 abrir una investigación disciplinaria contra Rico Urrego, la cual, tras adelantarse el debido proceso, se cerró el 12 de mayo de 2020.

Y finalmente, el pasado 31 de julio, la Procuraduría acogió los argumentos del apoderado del disciplinado, el abogado Milton Pereira Blanco, disponiendo “la terminación del procedimiento en favor de Aureliano Rico Urrego (…), y de los indeterminados servidores de Transcaribe S.A. que fueron objeto de queja acumulada a estas diligencias (…), por no existir prueba que permita formular cargos en su contra“.

En su proveído, el procurador provincial Guidobaldo Flórez Restrepo tuvo en cuenta que -en efecto – en consonancia con lo expuesto en las distintas audiencias por el disciplinado y su abogado defensor, no existían “elementos probatorios que permitan sustentar cargos disciplinarios contra el acá investigado o cualquiera otro servidor en relación con las conductas denunciadas“, por lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73, 156 y 164 del Código Único Disciplinario, “no queda camino distinto” a decretar el archivo definitivo de la investigación.

El resto de la historia

El 21 de junio de 2016, durante una rueda de prensa convocada por voceros del gremio de los transportadores públicos, se expusieron supuestas irregularidades en el proceso de chatarrización de los buses y busetas que circulan en Cartagena de cara a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad.

Uno de los denunciantes, el exconcejal David Múnera Cavadía, a la sazón asesor legal de varios de los transportadores, tras preguntarse dónde estaban los dineros dispuestos para sacar los buses y busetas de las rutas, aseguró que “los tres operadores, incluyendo Transcaribe, se comprometieron a que a más tardar el 31 de marzo” de ese año “debían entregar los recursos para el Fondo Unificado de Desintegración y Operación, pero no los han aportado todos“, y volvió a preguntar: “¿por qué estamos permitiendo estas violaciones contractuales?; cuál es la actitud del gobierno ante eso?

Pero ese día habría de hacerse un denuncia más grave: se habló de la existencia de un presunto ‘cartel de la chatarrización‘ que establecía a su libre albedrío qué buses y busetas salían o no de circulación.

Y sobre ese mismo ‘cartel’ habría de seguir hablándose; hasta la fecha. De hecho, se supo que en marzo de 2016, pocos días después de haberse posesionado, el entonces gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, al conocer que un medio de comunicación había publicado una noticia sobre el tema, le pidió a la Fiscalía que asumiera la debida investigación.

Y, paralelamente, le solicitó a la revisoría fiscal del sistema adelantar las respectivas indagaciones, pero esta “no encontró nada”, como habría de declarar en una oportunidad.

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