Historias

Procuraduría sanciona a Quinto Guerra por posesionarse a pesar de estar inhabilitado

La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda y definitiva instancia, sancionó con suspensión por siete meses al exalcalde de Cartagena Antonio Quinto Guerra Varela, por posesionarse y actuar como mandatario a pesar de estar inhabilitado.

Teniendo en cuenta que actualmente Guerra Varela no es servidor público, el tiempo impuesto como sanción se conmutará a salarios, es decir, deberá pagar el equivalente al monto que hubiera devengado durante siete meses al momento de cometerse la falta.

Como deberá recordarse, el abogado y exconcejal fue elegido alcalde de Cartagena el domingo 6 de mayo de 2018; se posesionó cinco días después: el viernes 11 de mayo, y fue separado del cargo escasos 14 días más tarde: el viernes 25 de mayo, cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó -como medida cautelar – la suspensión temporal de su elección “por estar probado que fue elegido muy presumiblemente estando incurso en una causal de inhabilidad« 

Como deberá recordarse también, el jueves 30 de mayo de 2019 el Consejo de Estado dejó en firme el fallo de primera instancia proferido 370 días antes por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el sentido de declarar la nulidad del acto que reconoció a Guerra Varela como el ganador de las elecciones atípicas convocadas para suceder a Manolo Duque Vásquez, al encontrar probados los argumentos de la Procuraduría General sobre la inhabilidad de Guerra por haber sido contratista del Estado pocos meses antes de su elección.

Desde el propio inicio de la campaña a la Alcaldía, tanto el Ministerio Público como otros actores locales advirtieron que era evidente la existencia de una inhabilidad, ya que Guerra Varela había suscrito un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual se había ejecutado parcialmente en el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena dentro del año anterior a su inscripción y posterior elección.

Asimismo, el 30 de octubre de 2017, había suscrito un otrosí que, según el criterio del procurador Fernando Carrillo Flórez, fue -en la práctica – un nuevo contrato, el cual confirma la existencia de la inhabilidad.

No obstante, a pesar de las advertencias, el dirigente político se inscribió como candidato con el aval y decidido respaldo del Partido Conservador y otras vertientes políticas, y 72.111 ciudadanos votaron por él, con lo cual -a juicio del ente de control disciplinario – transgredió el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que dispone que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (…) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio (…)”.

De acuerdo con la Procuraduría, al exalcalde le “era exigible que acudiera a un organismo oficial que le suministrara información objetiva y veraz acerca de las implicaciones jurídicas de su caso particular, toda vez que era conocedor de su condición de contratista en una época anterior a inscribirse como candidato”.

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