Esto opino

El día que Cartagena cambió para siempre

Por Agustín Leal Jerez *

Sentado en un taburete a la puerta de su casa, don Emiro Cerro Arrieta (q.e.p.d), potentado dirigente conservador del municipio de Buenavista, Sucre, ya pasados varios meses de la derrota de su candidato a la Alcaldía, después de ostentarla por más de 10 años consecutivos, llamaba y le preguntaba a los parroquianos que pasaban por el frente de su casa: “¿Cómo fue posible que esas ‘cachamas‘” -así les decía al grupo de jóvenes que le acaba de arrebatar el poder – “se ganaran la Alcaldía, si no tenían ni un solo comando político?

Después de un año de que el pueblo cartagenero eligiera a William Dau Chamat como su alcalde, en contra todos los pronósticos, algo similar le está pasando a la dirigencia política local. Los negacionistas de las verdaderas causas de su triunfo todavía barajan la teoría conspirativa del fraude electoral; otros, hábiles matemáticos, suman los votos de William García y Yolanda Wong y concluyen que si estos se hubieran unido la historia sería otra.

Que un hombre como William Dau (sin carisma de ningún tipo -aunque hoy manifieste que cuando llega a los barrios populares la gente se pone de pie y canta el Himno Nacional; sin posibilidad de atraer a un grupo de ávidos inversionistas; quien -como don Emiro – no tenía comando político; que no hizo francachelas en los barrios populares de la ciudad; que carecía de un programa de gobierno; que solo musitaba dos palabras en su discurso: malandrines y corruptos), se haya elegido alcalde de Cartagena, tiene una sola causa: los abusos del poder de una clase dirigente que no ha evolucionado, que no ha interpretado el momento histórico, que no tiene ideas, que carece de inventiva para atraer a la incipiente clase media y a los inquietos jóvenes, y que no vive el sentir de la gente marginada que muere en la desesperanza, viendo a sus dirigentes políticos y cívicos pavonearse en vehículos de alta gama.

El 27 de octubre de 2019, Cartagena cambió para siempre. El que no haga esta lectura, que mejor se ahorre sus chivitos y no aspire a nada. Aferrarse a la idea de que la clase política vuelve a elegir alcalde en Cartagena es un desafuero absoluto. Todavía hay algo peor: apostarle a la suspensión o destitución del alcalde, cuando los organismos de control como la Procuraduría y Contraloría han perdido irremediablemente esa facultad, y el burgomaestre sale bien librado en encuestas de opinión y percepción ciudadana.

La tarea es otra, pero el Concejo parece ignorarla y sus detractores, aún más. Al alcalde hay es que hacerlo cumplir su Programa de Gobierno y, para tal fin, la clase dirigente, tanto la existente como la emergente, debe volcarse al ciudadano para informarlo y organizarlo en la identificación y participación de los programas distritales que reivindican algunos de sus derechos.

No es posible que la Alcaldía haya pasado de agache, en medio de este desastre social y económico que nos está causando la pandemia del Covid-19, sin cumplir una de sus principales promesas de campaña y la que quizá inclinó la balanza electoral a su favor en los sectores deprimidos de la ciudad, cual es la de irrigar cantidades masivas de dinero en los sectores vulnerables de Cartagena.

Este es un reclamo legítimo que el pueblo de Cartagena está en mora de hacer y la clase dirigente en exigir. De nada le sirve a la ciudad la guerra de denuncias que llueven entre el Gobierno distrital y la oposición. El alcalde debe cumplir su principal promesa de campaña: erradicar la corrupción, y para ese propósito lo único eficaz es la creación de un sistema novedoso de contratación pública, que garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva en todas las modalidades de contratación, para que se constituya en un plan piloto para Colombia y Latinoamérica.

La Administración distrital, lejos de constituirse en lobista de contratistas interesados en la protección costera, entre otros macroproyectos, lo que debe hacer es transformar todas las instancias administrativas de la Alcaldía en fuentes de transparencia y divulgación de todo su actuar. La clase dirigente, organizaciones cívicas, gremiales, centros de pensamientos y la ciudadanía en general, se deben dar a esa tarea.

Después, si los indicadores de las metas y objetivos de los programas del Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena – 2020-2023’ no se cumplen, pues… ¡nos veremos en la revocatoria del mandato!

Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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