Esto opino

Paradojas

Por Rafael Vergara Navarro *

Enfrentar el caos genera variadas voces: los más festejan la reacción del Estado poniendo orden en el ecosistema agredido; otros, incrédulos, descalifican y critican; los defensores del cáncer que carcome, protestan y desde su ilegalidad, fieros, exigen el “debido proceso”.

Paradojas, la ilegalidad reclama al Estado su “derecho” a violar la ley en su nombre. Es así porque la causa de buena parte de este delito contra la Naturaleza parte de la necesidad de superar la pobreza, la desigualdad, la búsqueda de suelo para albergar la gente que crece y los desplazados que llegan. Allí se encapsulan los que actúan de mala fe, estimulan la invasión, el delito, el negocio, cuya superación exige desarticular las estructuras criminales y hacer inversión social. Vivir de cerca el conflicto permite entender que existe un sector de la sociedad donde la informalidad-ilegalidad es una corrupta y rentable forma de vida que se valida porque es constante. ¿Cuántos de los que rellenan las aguas de la Ciénaga en la zona suroriental son de aquí? ¿Cuántos de los que invaden y se asientan en la zona de bajamar, playas y manglares en La Boquilla y sus veredas son familias ancestrales ligadas al Territorio? Complicidades por doquier. Con respeto y necesidad de transparencia, desde la Ley 70/93 es acaso válido que paisas o foráneos sean miembros de los Consejos Comunitarios? ¿Que el suelo lo ocupen o negocien quienes no son de la comunidad?

Lo claro es que quienes talaron, rellenaron y lotearon -también los que compraron – viven sobre una ilegalidad ‘validada’ con la ‘formalización’ de escrituras de posesión notarizadas, y la aceptación pasiva del Estado, incluso de distintos sectores y Organizaciones No Gubernamentales -ONG – que han ignorado la masiva apropiación y tenencia de un suelo, originado en el atropello a la soberanía, parcelada y puesta en venta. Se ha ignorado que entre los bienes de la Nación hay baldíos inadjudicables y adjudicables; los primeros: las aguas, zonas de bajamar y playas, son imprescriptibles, inalienables e intransferibles; el dominio es de la Nación. Aunque lo dice la Constitución aquí, favorecidos por el silencio, jueces y el Tribunal han prescrito bienes de la Nación con sentencias que nunca harán tránsito a cosa juzgada, las que hay que trabajar y develar. Solo los baldíos adjudicables hacen parte de las Titulaciones Colectivas. Pero los ‘loteos’ y posesiones de mala fe sobre los inadjudicables se multiplicaron socialmente. La connivencia de informalidad e ilegalidad, caminan como siameses y contaminan de daños y crímenes el ecosistema.

Y viene lo más difícil: deslindar la necesidad de suelo y la delincuencia organizada. Al lado del pobre inimputable existe la ‘asociación para delinquir’ con sus líderes y organizaciones que manejan su especial inmobiliaria. Las inversiones son de tal dimensión que no pueden esconderse alegando el derecho de raza o clase para reivindicar el cambio del uso del suelo.

* Abogado, ambientalista, gestor de Paz y director del Ecobloque

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